El incremento en el precio de los combustibles –con la consecuente espiral inflacionaria que ya comienza a verse reflejada en los insumos de la canasta básica–, y el aumento de impuestos locales y municipales –como el “predialazo escondido” que deben pagar quienes viven en la Ciudad de México– han impactado de manera directa en la economía de millones de familias que viven al día con salarios de hambre, aseguró el Arzobispado Primado de México.
En la editorial del semanario Desde la Fe, señala que si bien las autoridades aseguran que hay una recuperación del poder de compra, la realidad indica lo contrario.
“En los últimos tres años, los productos básicos subieron cerca del 27 por ciento, y el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó en 11 por ciento. Esto sin duda se agravará por eventuales incrementos a los combustibles y energéticos indispensables en los hogares –gas LP y electricidad– sujetos a las leyes de la oferta y la demanda”.
El órgano de difusión oficial de la Iglesia católica en la Ciudad de México, añade que las autoridades argumentan que las medidas son dolorosas, pero necesarias para el futuro, si no se quieren eliminar programas de desarrollo, servicios públicos de salud y de seguridad social.
No obstante, -dice- hay privilegiados a los que el gasolinazo hace lo que al viento a Juárez: la clase política se encuentra en la cúspide de esta pirámide de injusticia y avaricia; son éstos los que aderezan el discurso con un poco de demagogia populista y juran que es tiempo de amarrarse el cinturón para demostrar la austeridad urgente de estos tiempos.
“La cruda por la ausencia de la embriaguez petrolera nos despierta a la realidad de cómo se vinieron manejando los recursos públicos aprobados presupuesto tras presupuesto. Un ejemplo es el fracaso del presupuesto base cero para partir de las necesidades reales de cada ramo y asignar recursos de manera justa y transparente”.
La iglesia católica capitalina destaca que la clase política y la burocracia instaladas en las estructuras del poder han echado mano del dinero de forma oscura, con criterios opacos para gastar más de lo asignado, generándose el endeudamiento impagable, o bien, por subejercicios sin justificación.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2014 “los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a 63,607.2 mdp, lo cual implica el incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos”. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Quién lo sustrajo? ¿En qué rubros queda perdido? ¿Qué bolsillos engrosaron? ¿A quiénes beneficiaron de manera ilícita? ¿Qué se dejó de pagar?
Los tres poderes de la Unión han anunciado medidas para reducir el gasto y generar ahorro. Todos los mexicanos esperamos que sean acciones efectivas y no sólo paliativos cosméticos sin resultados reales y transparentes.