El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, detenido el sábado pasado en Guatemala, llegó este miércoles a los juzgados con un fuerte dispositivo policial para una vista judicial con miras a su extradición.
Duarte de Ochoa, con chaleco antibalas y rodeado de guardias penitenciarios y medios nacionales e internacionales, fue cacheado a su entrada y preguntado por las decenas de periodistas, pero se limitó a alzar la mirada, sin intermediar palabra.
El político, quien estaba prófugo de la Justicia de México desde hacía seis meses, está recluido en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, desde el domingo pasado, tras ser detenido la noche anterior en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Sololá.
Duarte, de 43 años y quien supuestamente estaba en Guatemala desde el pasado noviembre -cuando entró ilegalmente vía terrestre-, tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades mexicanas, en un trabajo coordinado con las guatemaltecas, creen que hay un grupo de personas en Guatemala -a las que no identificaron y en las que también se incluye a empresas- que ayudaban a Duarte y le facilitaban viviendas en varias ciudades, por lo que están investigando este caso.
Entre estas moradas estaría el apartamento de Panajachel, en el que estaba desde hacía dos días y sin casi salir de su habitación, cuando fue detenido en la recepción de un conocido hotel del municipio el sábado a las 20.00 hora local.
Cuando se celebre la audiencia este miércoles en el tribunal quinto de narcoactividad y delitos contra el medioambiente y después de que el juez resuelva, el expediente se trasladará a la Cancillería para que tramite la entrega a las autoridades mexicanas si el juzgador así lo decreta.
La detención de Duarte fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y desde el 14 de noviembre tenía una alerta roja de la Interpol.
El exgobernador, quien supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar "prestanombres" para transferir recursos públicos.
Entre 2012 y 2015 Duarte desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país.