La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta una carpeta de investigación en contra de funcionarios que ocultaron la libreta de contactos del ex líder de la organización Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, donde se encontraban nombres y teléfonos de funcionarios federales estatales y municipales.
Según fuentes del Gabinete de Seguridad, la Visitaduría General de la PGR investiga únicamente a personal operativo de la dependencia, como agentes del ministerio público, policías federales ministeriales y agentes de investigación criminal.
Casarrubias, quien fue señalado por las autoridades como responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue detenido el 7 de octubre de 2014 por elementos federales y, de acuerdo con las diligencias, éstos habrían ocultado la libreta de contactos del capo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Este directorio cobró relevancia cuando se identificó al actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Omar García Harfuch, y que fue criticado por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Sin embargo, Harfuch era como Coordinador Regional de la Policía Federal y estaba comisionado en Michoacán el 26 de septiembre de 2014, cuando se registró la desaparición de los jóvenes, por lo que no se le ha encontrado relación con el ex líder de Guerreros Unidos.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la carpeta de investigación inició por el ocultamiento de la libreta, en la que se descubrieron más nombres de funcionarios públicos y a quienes también se les investiga por alguna relación con Sidronio Casarrubias.
Las líneas de investigación indican que este sujeto recolectó nombres y teléfonos de los jefes de corporaciones de seguridad de su zona de operación y aún no está establecido si realmente mantenía contacto con ellos.
Sobre el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la AIC, solamente recibiría una sanción administrativa debido a que no se ha comprobado de forma contundente su participación en la alteración y “siembra” de evidencias en el Río San Juan, Cocula, como se ha señalado; por lo que Zerón y otros ocho funcionarios públicos sólo recibirían sanciones de esta índole.