La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), se pronunció por empoderar a las mujeres en materia económica para que accedan a oportunidades de desarrollo, a través de la designación de recursos contenidos en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, para proyectos productivos.
Este Anexo sobre Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, debe focalizarse a resolver los problemas reales que sufren las mujeres mexicanas y superar la práctica de “etiquetar por etiquetar”.
Durante una reunión con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para conocer los avances en el ejercicio presupuestal con perspectiva de género, Plascencia Pacheco sostuvo que “no podemos seguir regateándole a las mujeres qué derechos sí tiene y cuáles no”.
Destacó que debe establecerse en el Anexo 13 la forma cómo el Estado mexicano garantiza a las mujeres los derechos consagrados en la Constitución Política y en el marco jurídico internacional, a través de los acuerdos firmados como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Para.
A 10 años de la existencia del apartado presupuestal y del marco jurídico nacional para alentar una vida libre de violencia e igualdad, aún no está alineado con los compromisos del Estado mexicano y los acuerdos internacionales firmados en apoyo a las mujeres.
La directora de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género, del CEAMEG, Blanca Judith Díaz Delgado, manifestó que el Anexo 13 representa una acción afirmativa en favor de las mujeres, por lo que esos recursos se tendrían que dedicar soló a ellas; por ello, dijo, se deben revisar las reglas de operación y garantizar que alcancen ese destino específico.
Asimismo, consideró necesario etiquetar más recursos para ese Anexo, pues lo que se otorga es ínfimo para lo que las mujeres representan en nuestro país; hay que entender que la perspectiva de género atiende a las ciudadanas más vulnerables.
En la reunión donde participaron representantes de la Sagarpa, María Sofía Valencia Abundis, directora general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, enfatizó la necesidad de que los recursos de esta dependencia no sean excluyentes y atiendan adecuadamente a las mujeres indígenas y rurales, como sucede con el proyecto “Arráigate”, el cual fomenta el apoyo a los jóvenes para que se preparen académica y laboralmente y no se conviertan en próximos dreamers.
Refirió que el programa “Extensionismo Joven” es un convenio signado con los 276 tecnológicos agropecuarios del país, en el que se han aplicado 75 millones de pesos para becas a estudiantes de media superior y a quienes están por concluir los estudios.
Abundó que se han entregado cerca de 15 mil becas a alumnos de bachilleres y tecnológicos; los primeros reciben cuatro mil pesos y los de educación superior seis mil, y a estos últimos también se les asigna un tutor para que vayan al campo y trabajen directamente con los productores.
Ana Libia Leyva Hernández, asesora de la Coordinación General de Enlace Sectorial, explicó que el presupuesto etiquetado del programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), para cubrir el Anexo 13 fue de 372 millones, cifra que se superó 15 por ciento y se alcanzaron 427 millones de pesos.
Se ejercieron al 100 por ciento los recursos de todo el programa, y se tuvo una ampliación de 125 millones de pesos que se ejercerán en octubre.
Sobre el componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, Nayely Cerón Díaz, subdirectora de área de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, explicó que se apoya a mujeres productoras para mejorar su capacidad productiva ante un desastre natural. Se asegura el territorio, ocurre el desastre, se activa el seguro, se verifica el activo productivo que se daña y se apoya a las productoras afectadas.
El presupuesto es de 250 millones y ya se ha pagado la prima de los seguros; la población objetivo son productoras que no tienen acceso a seguros, lo cual representa un avance significativo de respuesta ágil y pronta cuando son afectadas. Se tiene cobertura en zonas a las que las aseguradoras no entran porque los gobiernos no tienen capacidad financiera para cubrir la cuota, y este componente los apoya para adquirir un seguro territorial.
Del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), Luis Aviña Contreras, mencionó que en el Anexo 13 cuenta con un presupuesto de 50 millones de pesos para beneficiar a 10 mil mujeres con capacitación y proyectos productivos, en zonas de alta y muy alta marginación.
A su vez, José Merced Tulais López señaló que el programa El Campo en Nuestras Manos busca incrementar la producción agropecuaria; atiende a mujeres en condición de pobreza en localidades rurales o en la zona periurbana y, además, a las más de cuatro millones de pequeñas productoras que se encuentren en condiciones precarias del medio rural.
El componente cuenta con mil 206 millones de pesos para destinarlos a mujeres que no tienen capacidad productiva, a fin de que produzcan sus alimentos en huertas y granjas familiares, con paquetes de producción para autoconsumo. También se impulsa la capacitación productiva para vincularlas al mercado con proyectos de comercialización.
La meta es apoyar a 64 mil 453 mujeres; al tercer trimestre fueron 33 mil 830, con más de 150 millones de pesos. Respecto a proyectos de producción primaria y agregación de valor, el objetivo meta eran 336 proyectos, pero se rebasó la cifra y hay mil 725 proyectos susceptibles de apoyo, y se han ejercido casi 70 millones de pesos.