En el foro “La respuesta estatal al fenómeno de las desapariciones, el Caso Coahuila” se presentaron dos estudios en los que se señala que en ese estado de la República se han producido “crímenes de lesa humanidad”.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que este delito es una violación a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales, a la Constitución Política y a las leyes, es una realidad que se ha impuesto en el país, es una situación grave.
Agregó que desde el Senado se trabaja en esa situación, pues se tiene un problema en el ejercicio de las garantías de los derechos humanos y expuso que en el proceso de dictaminación de la Ley sobre desaparición forzada recién aprobada, se tenía que mirar al pasado y, sobre todo, al incremento en el número de personas desaparecidas.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRD exigió que se haga justicia en el país y que se juzgue a los culpables en este país y no en Estados Unidos.
José Antonio Guevara Bermúdez, primer vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que la guerra contra las drogas que implementó el presidente Felipe Calderón generó un despliegue militar que se ha mantenido y que es una violación flagrante al pacto federal, al delegar a las autoridades federales la responsabilidad de las policías municipales.
Al presentar el informe “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, destacó que la comercialización, tráfico y exportación de droga no ha disminuido y que se ha incrementado la impunidad, al no existir un fiscal o ministerio público que investigue, procese y castigue todos los casos de tortura y desaparición
Michael W. Chamberlin, director del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, dijo que los casos de Coahuila no son delitos aislados, son sistematizados, con una estructura criminal detrás que no ha sido atacada como debiera para desmantelarla, que aunado a la impunidad permite que se sigan dando desapariciones.
Se deben retomar las recomendaciones del alto comisionado hechas en 2016 para crear un consejo asesor contra la impunidad para diagnosticar y generar medidas que lleven a solucionar el conflicto, acotó.
Juan José Yáñez Arreola, magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, negó que en Coahuila se presenten crímenes de lesa humanidad, “toda vez que no ha existido nunca, pero nunca, un ataque sistemático o generalizado cometido contra la población civil de conformidad con una política de Estado”.
Tampoco, agregó, se ha apoyado o defendido a corporaciones de seguridad pública cuando sus elementos han participado en actos de violaciones de derechos humanos. Por el contrario, se ha señalado que existen investigaciones y sanciones a policías municipales y federales por este tipo de hechos, precisó.
Para el director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel E. Dulitzky, es fundamental que se cambie la narrativa sobre la violencia que se vive en México, pues no se puede atribuir todo este fenómeno al narcotráfico, como si se tratará únicamente de una disputa entre cárteles.
En Coahuila, subrayó, hubo víctimas innumerables que no tenían ningún tipo de relación con el crimen organizado y que fueron asesinadas por los zetas de manera cruel y sus cuerpos desaparecidos en completa impunidad. Instituciones y funcionarios públicos tuvieron un papel, ya sea por acción u omisión, en la comisión de estos crímenes, apuntó al exponer el informe “Control… sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de ‘Los Zetas’ en San Antonio, Austin y Del Río, Texas”.
Mariclaire Acosta Urquidi, miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que en México hay una “captura del Estado” por parte de organizaciones de la delincuencia organizada y de grupos económicos, que han ocasionado que se pierda el control de las instituciones, sobre todo, las de seguridad y de procuración de justicia.
Señaló que los grupos de delincuentes crean empresas para financiar actividades ilícitas y lavar dinero. Esas compañías aumentan su capital mediante contratos con instituciones o empresas del Estado; es decir, el patrimonio de los mexicanos es utilizado para ayudar a la economía criminal, expresó.