Los senadores del PAN, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo, Daniel Ávila, Víctor Hermosillo y Jorge Luis Preciado adelantaron que presentarán un recurso de Acción de Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre las reformas a la Ley del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) mejor conocida como la “Ley Doring” por considerar que se le quitan atribuciones a este organismo autónomo.
Esto coadyuvaría a que la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Gubernamental que se presentó la semana pasada vaya firme en su propósito de transparentar y eficientar el gasto de publicidad oficial de la federación, estados y municipios.
Esta iniciativa tiene como objetivo eliminar la discrecionalidad en la contratación de spots en diversos medios de comunicación y también prevé reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que se difundan en prensa, radio, televisión, Internet, cine y publicidad exterior, para promocionar acciones y programas de gobierno, indicó.
La senadora Marcela Torres Peimbert destacó que el fallo de la SCJN a favor del amparo promovido por la asociación civil Artículo 19 obliga al Congreso de la Unión a cumplir su obligación de legislar en materia de comunicación gubernamental.
Los senadores panistas coincidieron en señalar que la publicidad oficial se convierte en un mecanismo de censura para controlar al medio, “te compro si hablas bien de mí y te castigo si me criticas”; política de comunicación que ha sido implementada por el gobierno federal bajo la consigna: “el que paga manda”.
“Tan sólo el año pasado esta administración gastó más de diez mil 698 millones de pesos en publicidad, pese a que sólo tenía autorizado un presupuesto de 6 mil millones, este gasto excesivo en publicidad oficial se da junto con recortes en áreas básicas como son salud y desarrollo social”, señalaron los legisladores.
La senadora por Querétaro abundó que el Congreso de la Unión lleva más de diez años sin emitir la legislación secundaria del artículo 134 constitucional sobre publicidad gubernamental. “Esta iniciativa se propone nuevamente, ya que hace cuatro años la propusimos diversos senadores del PAN, pero fue desechada sin haberse debatido”, apuntó Torres Peibert.
También, precisó que con la aprobación de esta Ley Federal de Comunicación Gubernamental sólo se podrán contratar espacios publicitarios una vez agotados los tiempos fiscales y de Estado destinados a los entes gubernamentales.
Los legisladores panistas acusaron que ya son cinco años desde que el Poder Ejecutivo, prometió crear una instancia reguladora de la publicidad oficial y no ha habido ningún avance significativo en la materia, por lo que persiste un sobreejercicio del 71.86% en este rubro.
Asimismo, Torres Peimbert apuntó que el Congreso de la Unión está obligado a legislar sobre dicha ley por dos razones, porque desde hace una década no se legisla para reglamentar el gasto en publicidad gubernamental y sobre todo para que el Congreso de la Unión no caiga en falta ante la orden del máximo tribunal del país.
Respecto a las propuestas contenidas en la citada iniciativa de ley están: restablecer la redistribución del uso de los tiempos de Estado para publicidad oficial entre los poderes de la Unión y órganos autónomos, y la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
También, la conformación de un Consejo Consultivo Ciudadano para la Evaluación y el Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, así como la fiscalización de los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La legisladora enfatizó que con esta ley no se pretende perjudicar a los medios de comunicación, sino crear piso parejo para todos y evitar medios “consentidos” y “castigados” por el gobierno en turno, además de que la legislación propuesta tiene como base las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para concluir, los legisladores destacaron que la sociedad mexicana ha expresado su malestar no sólo por los montos millonarios que los gobiernos federal y estatales gastan en publicidad, saturando a la ciudadanía con un ‘bombardeo’ propagandístico, que contrasta con el presupuesto que se asigna para solventar servicios públicos básicos.