Los diputados Ivanova Pool Pech y José María Arroyo Juárez, del PRD, propusieron reformar la Ley de Migración a fin de que migrantes extranjeros puedan solicitar refugio o asilo político, previa información sobre sus derechos por parte de las autoridades.
A través de una iniciativa ambos legisladores advirtieron que como está redactada y vigente la fracción I del Artículo 144 de la citada ley es contraria al título primero de la Constitución Política, el cual prevé el libre tránsito de las personas por toda la República.
También a las convenciones internacionales de derechos humanos y de refugiados firmadas por México, las cuales prevén el principio de no devolución de las personas que se encuentran en situación de riesgo.
Expusieron que la Constitución Política establece que toda persona “tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
También prevé que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo” y que el “reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales”.
A su vez, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (a la cual México se adhirió en 2000) prohíbe explícitamente en su Artículo 33 la expulsión o devolución de refugiados “en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia o determinado grupo social o de sus opiniones políticas”.
Asimismo, el Artículo 31 de esta Convención establece que los refugiados que hubiesen ingresado al país de refugio sin autorización no deberán ser objeto de sanciones penales ni de otro tipo de restricciones de circulación, como consecuencia de su entrada o presencia ilegal, cuando su libertad o su vida se encuentra amenazada en su país de origen.
Arroyo Juárez y Pool Pech señalaron que, pese a ello, el Instituto Nacional de Migración aprehende a los migrantes indocumentados, los recluye en centros de detención y los deporta inmediatamente sin darles oportunidad de solicitar asilo.
Esto es así –agregaron- porque la Ley de Migración contiene disposiciones que permiten este tipo de situaciones.