La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a ocho servidores públicos, derivado de la resolución de 21 procedimientos de responsabilidad
administrativa por los hechos ocurridos el 12 de julio de 2017 en la obra del Paso Exprés.
Las sanciones, impuestas al amparo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, según el nivel de responsabilidad, van desde suspensiones temporales y destituciones hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, uno y diez años.
Entre los servidores públicos sancionados, siete están adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno más a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y ocupan cargos de nivel residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general.
Con ello, la SFP ha resuelto 21 de un total de 24 procedimientos por los hechos de julio de 2017.
De esta manera culmina parcialmente un proceso que abarcó una auditoría y el inicio de diversos expedientes de investigación, mediante la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP, y de los órganos internos de control en la SCT, Conagua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.