La industria del Gas L.P. extiendió su reconocimiento al Gobierno de México por la estrategia implementada para combatir el robo de combustibles, actividad que lacera no solo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al sector con importantes pérdidas económicas,
sino que más grave aún, pone en riesgo la vida de la población al haber propiciado un mercado informal de distribución totalmente carente de medidas de seguridad.
Sin embargo, y ante el incremento en este ilícito se hace necesario no solo que continúen estas acciones, sino que se profundicen en materia de Gas L.P. debido a que la labor de las autoridades para impedir el robo de gasolina y diésel de ductos de Pemex ha llevado a los grupos delictivos a diversificar y enfocar sus actividades hacia este energético, con los riesgos que ello representa para el abasto y seguridad de los consumidores.
Este fenómeno se percibe en todo el país resaltando la región del Triángulo Rojo, conformado por los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, zona en la que se acentúa la problemática del robo de Gas L.P. y en donde se ha registrado, en el último año, un incremento del 50% en el robo a vehículos de la industria para su transporte.
Además, se incrementó 46% el número de tomas clandestinas en el último año. Los múltiples operativos que se han llevado a cabo para asegurar tomas clandestinas, millones de litros de diversos hidrocarburos y decenas de vehículos para su transporte en distintos puntos del país demuestran el compromiso adquirido por la autoridad para erradicar esta actividad tan perjudicial para el país.
En virtud de lo anterior, las más de 400 empresas distribuidoras de Gas L.P. legalmente establecidas en México, que cumplen con las obligaciones y requerimientos señalados por la Ley, ofrecen toda disposición para colaborar con las autoridades para acabar con el mercado negro de este combustible, garantizando al mismo tiempo su abasto y la seguridad para los consumidores durante su distribución.
En este tenor, confían que las recientes reformas constitucionales impulsadas por la actual administración al artículo 22 y artículo 73, en materia de extinción de dominio que amplía el catálogo de delitos a los cuales se aplicará esta figura, incluyendo el robo de hidrocarburos; así como la reforma del artículo 19 para establecer la prisión preventiva oficiosa en delitos en los que anteriormente no estaba considerada, incluyendo el robo de combustible, darán mayor certeza a la industria y seguridad al usuario.