• Podría llegar, incluso, a la destitución del funcionario.
El Pleno del Senado exhortó al Congreso del estado de Nuevo León a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sancione al gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, por desviar y utilizar recursos públicos durante las elecciones presidenciales del 2018.
Al presentar la proposición, el senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que el artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo garantizar que los servidores públicos no influyan de manera indebida, por medio de la utilización de recursos públicos, en las contiendas electorales.
En ese sentido, informó el legislador, en enero de 2018 presentó una queja ante la Junta Local del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de Jaime Rodríguez Calderón en su calidad de aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, para denunciar que en el proceso de recolección de apoyo ciudadano existieron diversas irregularidades.
Entre éstas, detalló, destaca la recolección de firmas por parte de funcionarios estatales en horario laboral. Detalló que 971 servidores públicos del gobierno de aquella entidad ayudaron a captar apoyos en favor de Rodríguez Calderón quien, durante casi dos meses, tuvo la calidad de Gobernador en esa entidad y a la vez, de aspirante a candidato independiente.
El senador informó que 570 funcionarios fueron citados a comparecer ante el INE por estas acciones, de los cuales 200 manifestaron que fueron obligados por el gobernador bajo amenazas de despido.
Debido a esto, indicó, la Sala Regional Especializada ordenó al Congreso del estado a aplicar una sanción -que puede llegar a la destitución- a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de gobernador del estado de Nuevo León por contravenir el artículo 134.
Este punto de acuerdo busca velar por la consolidación del Estado de derecho, la división de funciones y garantizarle a la sociedad la impartición de justicia.
La proposición fue considerada de urgente y obvia resolución y aprobada en votación económica por el Pleno.