Tras considerar el lamentable atraso que ha sufrido nuestro país en el tema de la protección mínima de los derechos

 humanos, el doctor en derecho Pavel Rodríguez Quezada, aspirante a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), consideró que la falta de acción política es resultado de la intervención desmedida del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Frente a los legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos, durante su comparecencia, Pavel Rodríguez reiteró que estas instancias "han contribuido a mermar el estado de derecho y de bienestar social, que si bien nunca ha abundado en el actuar de la política mexicana, si ha golpeado las bases sociales privándoles del conocimiento a la información pública y la educación, violando reiteradamente y así dolosamente los derechos humanos mínimos atentando contra la dignidad de la sociedad".

Agregó que "El congreso, ha aprobado leyes criminilizadoras de la sociedad que han atentado contra su estabilidad y seguridad jurídica, el último ejemplo es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que si bien es cierto, se pretendía aplicar a la delincuencia organizada; esta ley nos criminaliza a todos como población".

El también Vice-Rector del Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas (Incijuf), subrayó que "esta Ley que ustedes aprobaron señala a todos sin distingo y en franca violación al principio pro persona y presunción de inocencia como criminales, al no delimitar a quien se aplicará, obligándonos a defendernos de actos incluso negativos, como acreditar la buena fe aun cuando el principio general en materia civil establece expresamente que ésta se presume".

Durante su exposición, Rodríguez Quezada aseguró que "la Suprema Corte de Justicia de la Nación abonando a esta marginal situación social, ha delimitado los principios rectores de los derechos humanos contenidos en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes desde el 10 de junio de 2011 de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, creando la contradicción de tesis 293/2011 de fecha 3 de septiembre de 2013 donde atenta y nulifica la ponderación del principio pro persona cuando un derecho humano se contiene en la Constitución Federal y en un tratado internacional, la llamada RESTRICCIÓN EXPRESA".

Lo que representa un grave golpe a la sociedad, "porque esto afirmaría bajo el principio del silogismos jurídico que “si y solo si” siempre la Ley Primaria protege por encima de todo orden normativo constitucional o convencional al ser humano y esto no es así, ¿acaso se pretendía redefinir e involucionar los vigentes derechos humanos regresando así a las garantías individuales? donde recordemos el artículo 1 constitucional establecía que era el Estado quien te las otorgaba ¿bajo sus propias condiciones?", cuestionó a los Senadores.

Durante su intervención, el especialista en Derecho expuso que "la sociedad, ha visto a la CNDH como la protectora de las conductas antisociales y de los que las ejecutan, en estos últimos 5 años al frente, aunque recuerdo yo, que se prometió cambiar la fama de esta CNDH", lo que no se logró, subrayó.

"Mi teoría es: porque ni siquiera se dio cumplimiento al artículo 1 del Reglamento Interno de la CNDH “Artículo 1.- que dice: (Objeto del Reglamento y naturaleza jurídica de la Comisión Nacional) El presente ordenamiento reglamenta la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regula su estructura, facultades y funcionamiento como un organismo público del Estado mexicano con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es también un órgano de la sociedad y defensor de ésta.”

Para el doctor Rodríguez Quezada, el objeto público de la CNDH "No se ha cumplido" y reprochó que sean los Senadores de la República los responsables de "la elección del titular de un órgano autónomo como la CNDH", lo que la supedita al poder legislativo.

"Cómo es posible que la sociedad quede excluida de la elección de quien debe de proteger sus derechos humanos por los siguientes 5 años", expresó.

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