En México, 56.7% de población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.
Ciudad de México, 21 de mayo 2020, - La corrupción en México se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que elaboro el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
El Instituto gubernamental elabora cada dos años una Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, de donde se desprende que los actos de corrupción institucionales aumentaron el año pasado, pese a la percepción de la población adulta en el sentido de que habría una reducción de los actos de corrupción, inducida por las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras a lo largo de 17 meses de su gobierno. Sin embargo pese a las afirmaciones, la encuesta ha revelado que el combate a la corrupción lejos de haber disminuido, sigue aumentando.
El costo total de la corrupción en la realización de pagos, tramites o solicitudes de servicios y otros contactos con autoridades, fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivaldría a 3 mil 822 pesos en promedio por cada persona afectada.
Estima el INEGI que el costo de la corrupción en México es de 7 mil 217 millones de pesos, equivalente a 0.4% del PIB y de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de 2019, el 61% de la población tiene la percepción de que se está combatiendo la corrupción, en tanto que el 24% de los encuestados en 2017, consideró que el Gobierno de Enrique Peña Nieto actuo muy bien en contra de la corrupción,
Se estima, derivado de la encuesta, que el 59.2% de los casos de corrupción se originaron en autoridades de seguridad pública y el 25% en autoridades administrativas de la construcción y del Registro Público de la Propiedad.
Se observa en el estudio que la incidencia en la asignación de contratos sin licitación y el manejo discrecional de los presupuestos y programas sin Reglas de Operación ha propiciado actos de corrupción en el ámbito Federal, Estatal y Municipal.
Cabría destacar las recientes denuncias por cohecho presentadas ante las Fiscalías Estatales y Federales en los casos de compras de insumos de salud y las más recientes de la CONADE en contra de Ana Gabriela Guevara.