Ciudad de México, a 16 de junio de 2020, - Si se quiere entender un poco más sobre la militarización
de la Seguridad Pública en México, con estos antecedentes podrán ver que esto no es algo nuevo, la milicia siempre ha estado presente en los cuerpos de seguridad pública, y siempre se han utilizado para fines políticos, de hecho las policías son parte de un instrumento político, un mal necesario para unos y una necesidad para millones de personas.
En el año de 1941, durante el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), tienen especial relevancia el diseño de un modelo que formaliza y proyecta el papel que desempeñaría la policía como “Policía de Estado”. Hacia marzo del 41, el General Ávila Camacho creó por decreto presidencial el Cuerpo de Veladores Auxiliares de la Policía Preventiva del Distrito Federal –que más tarde sería conocido como Policía Auxiliar– cuyo antecedente inmediato lo constituyen diversas agrupaciones de militares retirados que ofrecieron sus servicios como veladores en mercados, obras en construcción y edificios públicos y en noviembre del mismo año, formaliza la creación de la Policía Bancaria e Industrial, un cuerpo formado en septiembre de ese año por un coronel del Ejército Mexicano para salvaguardar la seguridad de los Bancos. En los respectivos decretos, el Ejecutivo señala la pertenencia de estos cuerpos a la Policía Preventiva de la ciudad y su subordinación al mando de la misma.
Cabe señalar que en abril de ese 1941, la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión señala como trabajadores de confianza, entre otros, a los miembros de las policías y les excluye del ámbito de protección de este instrumento jurídico. La disposición expresa en el Estatuto respecto del régimen laboral especial de las policías y otras instituciones es un antecedente directo de la reforma del artículo 123 de la Constitución federal de 1960 que otorga rango constitucional a esta excepción.
Cabe señalar que la reforma de 1941 hay que leerla en el contexto de alta preocupación y presión internacional que se debe a la Segunda Guerra Mundial; ello incrementa el papel político de la policía en la persecución y aprehensión de personas acusadas de espionaje, sabotaje, disolución social, alteración del orden interno y divulgación de información y propaganda de gobiernos extranjeros.
Quizá es debido a este contexto que se formaliza la práctica de nombrar militares al frente de la policía. El Reglamento de la Policía Preventiva de 1941 establece que el jefe de la misma debe tener grado de General de División y que sus subalternos más importantes #deben #ser #militares también.
Esta idea se refuerza si se atiende a un proyecto de Reglamento General de Policía para el Servicio de Contraespionaje en el Territorio Nacional, expedido sólo un mes más tarde, en enero de 1942, que por ser considerado antijurídico nunca fue publicado, pero cuyo articulado fue asumido como un instrumento normativo pero de carácter confidencial y para la exclusiva utilización de los órganos correspondientes a este servicio y no sólo en lo que atañe a los delitos de disolución social sino comprendiendo también a los de espionaje y correlativos”, lo que refleja con claridad el rol que se anticipó para la policía de la ciudad en el reglamento de 1941.
La consolidación del modelo de policía de estado
El periodo de la segunda posguerra queda históricamente signado por la Guerra Fría. En ese contexto, el temor al comunismo marca una relación de elevada represión frente a los movimientos sociales.
Ello explica –aunque no justifica– el rol que, junto al Ejército, asumió la policía como instrumento de fuerza bruta y de represión para generar estabilidad política y social, así como el papel de brazo armado que representó para que el sistema de justicia penal pudiera a su vez desempeñarse como mecanismo de control y sometimiento de la disidencia a través de las penas.
Entre 1946 y 1952, Miguel Alemán es el primer presidente del periodo postrevolucionario que no forma parte de las fuerzas armadas. Sin embargo, ello no denota cambios en la concepción que se tiene de la policía. La policía, como el Departamento del Distrito Federal, siguen siendo parte del régimen federal y, desde luego, resulta significativo apuntar que en la gestión del presidente Alemán se crea la Dirección Federal de Seguridad, que asumió la función de policía política del gobierno federal.
Durante todos estos años la policía sigue bajo el mando de militares , entre los que destacan, por su presunta participación en actividades de represión los del general Luis Cueto y el coronel Raúl Mendiolea –jefe y subjefe de la policía preventiva con Díaz Ordaz, y Rogelio Flores Curiel, jefe de la Policía en la época del halconado.
Es importante señalar que una reforma a la Constitución federal en 1960, modifica el texto del artículo 123 y eleva a rango constitucional la exclusión de la policía, entre otras instituciones, del régimen laboral aplicable a los trabajadores del Estado y también del apartado A, donde le había colocado el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión de 1941.
La era de la seguridad: regulación y especialización en la policía.
El sexenio del presidente Miguel de la Madrid implica el ingreso de México a la era global. Los años ochenta son testigos de la paulatina retirada del llamado estado de bienestar y del ascenso del mercado y del capitalismo transnacional. En ese contexto de la Madrid lleva adelante su lema de campaña centrado en la renovación moral. En lo que a este informe concierne, la policía inicia un proceso de saneamiento y regulación motivado en gran medida por los escándalos de corrupción del sexenio anterior, y hacia 1985, por la creciente preocupación debida a los niveles del narcotráfico y la criminalidad organizada.
El 7 de junio de 1984, y en el contexto de preocupación por la seguridad nacional y el crecimiento del narcotráfico, con la emisión del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, se replantea, por primera vez en más de 40 años, la organización de Policía de 1941.
No obstante el ánimo de renovación del gobierno de Miguel de la Madrid, la influencia del Crimen organizado y el crecimiento de los problemas de la ciudad relacionados con el desorden urbano plantean un contexto difícil para la reforma profunda de la policía. En particular, después de 1985, el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena inaugura para México la guerra contra las drogas que implica un cambio notable en la política criminal, que se dirige a la reforma del marco penal para facilitar la persecución, procesamiento, condena y encierro de la gente asociada con la venta ilegal de drogas.
Los años noventa atestiguan una importante fase relacionada con una renovada preocupación nacional e internacional por la seguridad pública. En este contexto tiene lugar en México un proceso de renovación y modernización del marco jurídico de las policías, con referencia especial a las policías federales y desde luego, a las del Distrito Federal. Los nuevos instrumentos jurídicos que regulan a la policía introducen temas inéditos hasta entonces, como el relacionado con la profesionalización, la formación, los derechos de los policías y los principios básicos de la actuación policial
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La década de los noventa es significativa porque implica la consolidación del paradigma sistémico de la seguridad pública.
Cabe recordar que desde el 31 de diciembre de 1994 se reformó el artículo 21 de la Constitución federal, con lo que se definió a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, los estados y el Distrito Federal, otorgándole rango constitucional.
Con motivo de esa reforma se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se estableció la necesidad de coordinar, a través del mismo, las tareas que en el ámbito de la seguridad desarrollan en el país.
Creemos firmemente que México cuenta con policías honestos y dispuestos a preservar el orden y la paz públicas.