Ciudad de México a, 25 de junio de 2020, - Legisladores de Argentina y España compartieron con diputadas y diputados mexicanos la experiencia de la implementación de un Ingreso Mínimo Vital en sus países, así como los beneficios que trajo a su población.
Lo anterior, durante el segundo panel del “Conversatorio ¿Por qué y cómo un ingreso mínimo vital para México?”, titulado: “Ingreso Mínimo Vital, experiencias internacionales”, que fue moderado por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Terrazas Baca precisó que este conversatorio pretende conocer la experiencia de otras naciones en este tema, así como la repercusión e importancia para la economía si el Estado brinda un apoyo económico a la población afectada por la pandemia del Covid-19.
Leonardo Grosso, integrante de la Cámara de Diputados de Argentina, comentó que el gobierno de su país, a partir de la pandemia, aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia, consistente en la entrega de recursos monetarios equivalentes a 142 dólares, y actualmente se analiza si esta medida se puede hacer permanente.
Explicó que este respaldo se entrega a 8.8 millones de personas con ciudadanía argentina de entre 18 y 65 años de edad, que no perciben ningún ingreso por pensión o seguro de desempleo. El 89 por ciento de los recursos se destinan a trabajadores de la economía popular, que no tienen patrón.
El legislador argentino subrayó: el Ingreso Familiar de Emergencia ha evitado que la pobreza aumente entre 5 y 6 por ciento, y que la indigencia se incremente en 4 y 7 por ciento entre los meses de abril y junio.
Sonia Guerra López, integrante del Congreso de los Diputados de España, comentó que el Ingreso Mínimo Vital se comenzó a aplicar durante la pandemia, acompañado de varias políticas públicas, como la moratoria de hipotecas y de alquileres, así como la garantía de puestos de trabajo.
Fue una propuesta electoral del actual presidente de España, Pedro Sánchez, para hacer frente a la pobreza estructural, que no se deriva de la pandemia de Covid-19, y que finalmente se convirtió en un nuevo derecho de la ciudadanía.
“El Ingreso Mínimo Vital es el cuarto pilar del Estado de bienestar, porque tenemos educación universal, sanidad universal y derecho a las pensiones, pero no tenemos servicios sociales que conformen un cuarto pilar. Este ingreso lo concebimos como una prestación para incrementar la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza”, apuntó.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) señaló que su partido ha propuesto --aparte de la creación del Ingreso Mínimo Vital-- medidas para diversificar los apoyos encaminados a disminuir el impacto de la crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria.
El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, de Encuentro Social, aseveró que, si bien es cierto ya existen programas sociales que apoyan a la población más vulnerable, se tiene que ir más allá de lo que hasta el momento se ha otorgado.
Pilar Lozano Mac Donald, diputada de MC, puntualizó que esta propuesta puede ser de carácter temporal y apoyaría al 35 por ciento de la población económicamente activa afectada y sólo requeriría la inversión de 221 mil millones de pesos, que representaría el 1 por ciento del PIB y el 3.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
La diputada Sara Rocha Medina (PRI), secretaria de la Mesa Directiva, llamó a todos los grupos parlamentarios a respaldar y aprobar la iniciativa de reforma constitucional, presentada por su bancada, a fin de crear el seguro temporal de desempleo para casos de emergencia sanitaria o crisis económica.
Del PAN, la diputada Karen Michel González Márquez, integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, urgió a aprobar el Ingreso Mínimo Vital por ser una cuestión de justicia y humanismo, y no de politiquería, para evitar el aumento de la pobreza. Asimismo, cuestionó que el Estado no respalde a los pequeños negocios y que los haya “dejado a su suerte”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) señaló que la propuesta del Ingreso Mínimo Vital sería aplicable en otro contexto, ya que actualmente el Gobierno Federal otorga apoyos a 75 millones de mexicanos en sus programas sociales.