Ciudad de México, 8 de septiembre 2020, - La inseguridad, el incremento imparable de la criminalidad y la filtración de las organizaciones criminales en los cuerpos policiacos ha provocado que el Estado este fracasando en su estrategia de seguridad. 

 En un principio, las policías deberían velar por la seguridad ciudadana; asegurar el orden y la paz publica, la integridad y los bienes de las personas; garantizar la prevención y represión de los delitos; garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos con esta función policial. 
 
Contrario ello, vemos todos los días que en gran parte del país elementos policiacos son acusados por cometer actos de corrupción, abuso del poder, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones ilegales y arbitrarias, actos de tortura; cateos, revisión e intromisiones a domicilios de manera ilegal. 
 
Para resolver estos problemas se deben establecer líneas de acción que permitan combatir estas malas prácticas y tener cero tolerancia, por lo que se debe analizar la función policial desde sus orígenes, su actuar cotidiano y la implementación de normas que determinen los límites legales con los que deben actuar los elementos de seguridad.
 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha reconocido que son insuficientes los mecanismos de supervisión de la actuación policial; y que la falta de un salario competitivo y digno, acorde al nivel de responsabilidad y al riesgo que implica la función de seguridad ha representado un factor que propició actos de corrupción, impunidad y deterioro de la confianza de la ciudadanía sobre el que hacer policial.
  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha recabado encuestas donde se demuestran el alto índice de violencia que utilizan los policías  en todo el país, especialmente durante la detención.
 
De las 64 mil 150 personas que se encuestadas en su momento, el 75% afirmó haber sufrido algún tipo de “violencia psicológica” durante el arresto, esto incluye maltratos tan graves como ser desvestido o asfixiado;  el 64% también sufrió agresiones físicas, incluidas patadas o puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas.
 
Sin duda alguna, la labor de los cuerpos policiacos es fundamental para garantizar la seguridad pública y ciudadana; el combate al crimen y restablecer la paz en la nación. Pero cuando esas obligaciones se desvían hacia violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad, los gobernantes tienen que actuar.
 
Esto ha motivado que cualquier persona que presencie la comisión de una conducta ilegal por parte de un policía lo pueda grabar en video en ese momento, y esto no esta penado por ninguna ley o norma, a pesar de que muchos policías aseguren lo contrario; por supuesto, ellos lo dirán como mecanismo de defensa para evitar que quede registro de su conducta ilegal.
 
Todas las grabaciones que las personas realicen sobre alguna conducta ilegal cometida por un policía pueden servir y presentarse en las investigaciones criminales que se inicien con motivo de esa actividad ilegal del policía.
 
Aunque esas personas deben estar conscientes que al aportar uno de esos videos ante la autoridad ministerial, ésta les requerirá que le den acceso a su celular o al medio de grabación para que pueda constatar que es la fuente de donde se grabó el video y asegurarse que el mismo no esta editado.
 
Esa persona que aporte el video se convertirá en testigo; sin embargo, le puede pedir a la autoridad investigadora que mantenga en reserva su identidad ya que al evidenciar el actuar ilegal de un policía puede estar en riesgo su vida.
 
Tomando en consideración que los policías tienen acceso a la información de los gobernados, y éstos pueden ser sujetos de amenazas con tal de que no declaren en contra de dichos elementos de seguridad.
 
La persona que grabe a un policía cometiendo un acto posiblemente ilegal, también deberá ser consciente que puede estar atentando en contra de la presunción de inocencia de un policía cuando dicho video se sube a las redes sociales, ya que puede afectar la imagen y el honor de los policías que verdaderamente están cumpliendo con sus funciones que legalmente tiene encomendadas.
 
En contra sentido, no existen normas o protocolos para ninguna corporación policiaca que les obligue a grabar sus acciones y actuaciones, estamos ciertos que en ocasiones pueden ser confidenciales como una intervención de comunicaciones u operaciones encubiertas; pero muchas funciones de los policías si pueden ser grabadas y pueden ser elementos de convicción para acreditar o desvirtuar cualquier acción contraria a la ley o ilegal en el actuar del policía.
 
Estas grabaciones pueden servir para darle legitimidad a las corporaciones policiacas, pero también para demostrar la comisión de sus delitos, por lo que se insiste en que se deben trabajar en esas normas o protocolos; lo que de manera inmediata obligaría al Estado a proporcionar mayor recurso presupuestario para dotar de la infraestructura necesaria y capacitación a todos los policías.
 
La existencia de una norma o protocolo permitirá establecer sanciones para aquellos policías, incluso policías militares, qué casualmente en el momento donde están cometiendo delitos o actuando fuera de la ley no tengan prendidas sus cámaras o aduzcan que se encontraban en mal funcionamiento, incluso ello puede ser considerado como un acto de corrupción.
 
También servirá para sancionar a aquellos policías que simulen videos sobre acciones o conductas contrarias a las que realizaron; pues en algunos casos se ha acreditado que agentes de la policía simulan videos en el lugar de los hechos, en donde aparentan actuar legalmente y en cumplimiento de sus atribuciones, cuando en la realidad si se condujeron con vulneración a derechos humanos y quebrantando la ley.
 
Debemos reconocer, que en muchos casos los videos han permitido acreditar y evidenciar las conductas ilegales cometidas por policías, pues en la mayoría de los casos esos videos se suben a las redes sociales, y ahí es cuando los medios de comunicación se enteran y son estos quienes presionan a las autoridades que actúen en contra de esos policías y protejan a las víctimas, ya que de no ser así dudo mucho que varios casos se puedan conocer y sancionar.
 
Vale la pena decir, que también los policías se han especializado en grabar sus actuaciones, aunque solo sirvan para distribuirlos entre ellos mismos a través de sus chats en donde se intercambian videos incluso de sus acciones ilegales, y eso tampoco esta regulado, pese a que es del conocimiento de los superiores.
 
De hecho, los mismos policías que graban o fotografían con sus teléfonos a las personas que detienen, son quienes las andan circulando en los medios de comunicación lo que a todas luces vulneran la presunción de inocencia de los detenidos porque una vez que salen a los medios de comunicación se hace el linchamiento mediático a pesar de que en el futuro se le declare inocente por un juez.
 
Esto ha motivado que en muchos casos así se presenten denuncias por hechos de corrupción en contra de los policías, incluso de los mismos agentes del ministerio público y de sus superiores que saben de esas prácticas, pero al no haber una norma que sancionen específicamente esas acciones muchos casos quedarán en la impunidad.

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