Ciudad de México, 1 de octubre 2020, - La Suprema Corte de Justicia de México avaló el jueves la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos se pronuncien sobre si se debe o no enjuiciar a sus predecesores.

 Sin embargo, modificó la pregunta sugerida por el actual mandatario con lo que el referendo será para esclarecer “decisiones políticas” del pasado y no para investigar y sancionar a expresidentes por presuntos delitos.

El pleno del alto tribunal aprobó, con seis votos a favor y cinco en contra, la constitucionalidad de la consulta. Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto defendió que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión aunque uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, llegó a comentar que era “ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”.

Tras abordar la constitucionalidad del referendo, la Corte modificó la pregunta propuesta por López Obrador que mencionaba por nombre y apellido a todos sus predecesores desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una “corrupción sistemática” en el país y cuando comenzó lo que ha calificado como “periodo neoliberal”.

El alto tribunal no solo eliminó los nombres de los ex jefes de Estado sino también la mención expresa de juzgar a expresidentes y en lugar de hablar de delitos se refirió a esclarecer “decisiones políticas” de ”actores políticos”.

“¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, dice el texto avalado por la Corte.

El actual mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones parlamentarias de mitad de su sexenio y que son clave para que el presidente retenga su escasa mayoría en el Congreso.

La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período en México a menudo tienen una participación baja, pero algunos creen que podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual —la economía, la pandemia de coronavirus— al centrar la atención en abusos del pasado.

Expertos y columnistas han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para sentarlo en el banquillo.

En esta línea se pronunció el jueves José Miguel Vivanco, director para América de la ONG Human Rights Watch, quien calificó la decisión de la corte de “delirio constitucional”. “Si tienen evidencias contra expresidentes los deben investigar. De lo contrario, no hay nada que investigar. No pueden convertir al país en un circo romano”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En la misma red social, el columnista Jesús Silva-Herzog dijo que el alto tribunal había hecho “el ridículo” y que “la intimidación presidencial tuvo éxito”.

López Obrador llevaba días sugiriendo a los jueces que avalaran lo que calificó como ejemplo de democracia participativa y horas antes del pleno de la Corte insistió en que si declaraban la consulta inconstitucional “pues no va a estar bien”.

“Y no quiero que se malinterprete, porque yo soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada tres, cada seis años a las autoridades?, ¿y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones?, ¿vamos a estar callados, sólo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos, cuando se trata de asuntos trascendentes?”, agregó.

La ley actual permite castigar los actos de corrupción, pero no está claro si López Obrador puede investigar a exmandatarios por decisiones de política con las que no está de acuerdo, como las privatizaciones generalizadas de empresas gubernamentales llevadas a cabo por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, pero desde su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2018 fue muy ambiguo sobre si se debería procesar o no a los expresidentes porque, por un lado, ha sostenido que nadie está por encima de la ley pero también ha defendido hacer borrón y cuenta nueva para no abonar la venganza.

El único expresidente que se ha pronunciado abiertamente sobre el tema es Felipe Calderón, quien en septiembre ya dijo que si alguien tiene pruebas contra él que vaya a la fiscalía, y consideró la consulta “violatoria de garantías elementales” como la presunción de inocencia o el derecho al debido proceso.

Paradójicamente, pese a la insistencia de López Obrador en la consulta, hasta ahora siempre ha dicho que él votaría 'no’ .

Algunos de sus seguidores, sin embargo, están más que alentados por la posibilidad de pronunciarse y varias decenas de ellos se plantaron el jueves en la puerta de la Corte Suprema para instar a la consulta tachando a los antiguos presidentes de “traidores” y “vende patrias”.

El único exmandatario vivo que López Obrador no ha puesto en la mira es Luis Echeverría (1970-76), de 98 años. Una fiscalía especializada presentó cargos contra Echeverría por una masacre de estudiantes en 1968, cuando era ministro de Gobernación, pero un tribunal lo exoneró en 2007.

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