Ciudad de México, 14 de diciembre 2020, - En sesión presencial, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la
Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general en materia de seguridad privada.
El proyecto, aprobado en lo general con 332 votos a favor, 61 en contra y una abstención, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La adición a la fracción XXIII Bis del artículo 73 señala que dicha ley deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
Asimismo, fijará las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.
También, la coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, y los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), afirmó que esta reforma fue construida escuchando especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo y un diálogo permanente con las y los legisladores de las bancadas representadas en la Cámara.
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“Se logró un documento que atiende la necesidad de contar con una ley general que armonice y homologue procedimientos y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de servicios de seguridad privada en el país”.
Aclaró que la facultad conferida al Congreso de la Unión de ninguna manera implica la posibilidad de autorizar la prestación de servicios a particulares que ofrezcan asistencia y asesoramiento de carácter militar y otros servicios militares.
Refirió que en el país existen alrededor de 6 mil empresas que se dedican a la prestación de servicios de seguridad privada que emplean aproximadamente a 500 mil personas; sin embargo, más de mil 500 empresas no cuentan con permisos, lo que vulnera obligaciones tributarias, de prestaciones de seguridad social y traslada el costo al Estado.
Enfatizó que esta reforma trata de brindar certeza tanto a los ciudadanos, a los tres órdenes de gobierno, como a los particulares que los prestan. “Se trata de homologar criterios, requisitos, mecanismos de control y de vigilancia, evitar la aparición de empresas patito y de espacios para delincuencia”, puntualizó.
Reservas
En la discusión en lo particular se aprobó, con votos 289 a favor, 98 en contra y cero abstenciones, la reserva a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política, de la diputada Juanita Guerra Mena (Morena) y se desechó la reserva al artículo transitorio segundo, presentada por el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN).