Por otorgar Amparos, Fiscalia General de la República (FGR) intimida a Jueces y Magistrados con amenaza de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial.
Las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que han presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo. Fuentes judiciales, que solicitaron anonimato por temor a represalias. refieren que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos.
Jueces y magistrados aseguran que son medidas con el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios del sistema.
En este caso el sistema considera que no deben decretarse estas suspensiones y presiona por la vía penal y administrativa.
Las fuentes consultadas explican que para proceder una consignación penal en contra de un juez se necesita desaforarlo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), porque los impartidores de justicia tienen fuero orgánico, es decir que mientras no se declare una responsabilidad administrativa y se quite ese fuero no procede la consignación.
Precisan que se puede integrar la carpeta de investigación, mas no la consignación ante un juez penal.
“La FGR está pidiendo a los jueces copias de los expedientes… Supuestamente hay una denuncia por la probable comisión de un delito, entonces es una forma de presión. Prácticamente están diciendo que van contra nosotros.
“Según es un delito de abuso de autoridad, pero no pudiera ser real. Evidentemente, el Ministerio Público te puede consignar, pero será el juez penal el que defina y ahorita los jueces penales que están son de carrera judicial y no va a haber alguno que emita una orden de aprehensión porque no se configura. El problema va a ser en 2025”, alertan los entrevistados.
Además se están interponiendo quejas administrativas disciplinarias ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que pertenece a la Comisión de Vigilancia, que hace una investigación para ver si se incurrió en alguna responsabilidad y se abre un proceso disciplinario ante la Comisión de Disciplina para determinar si existe responsabilidad o no de estos jueces que dictaron suspensiones y magistrados que las confirmaron.