En México desaparecen tres personas al día, en su mayoría mujeres y niñas para ser víctimas de esclavitud sexual, lo que ha llevado al país a ocupar el tercer lugar en América Latina en tráfico humano, causado por la abulia y pobre desempeño de las autoridades federales y estatales, que, o son cooptadas o actúan de forma indolente, frente a esos criminales.
La trata en México, como en el resto del mundo, las adultas representan entre 55 y 60 por ciento de víctimas; las niñas, entre el 15 y 20. En suma, al menos 75 por ciento son mujeres. Por su parte, los niños significan entre el 8 y 10 por ciento.
Así lo denunció la diputada del PRD, Crystal Tovar Aragón, al afirmar que la trata de personas -considerada una forma de esclavitud que fractura la condición humana de la víctima, su familia y su entorno-, debe ser combatida con mayor eficacia por las autoridades, pues en México hay pocos resultados a pesar de los índices alarmantes.
La legisladora citó cifras de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), según la cual en nuestro país desaparecen -en promedio- tres personas al día, principalmente mujeres y niñas, víctimas de trata y esclavitud sexual.
Señaló que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, nuestro país ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y El Caribe. Incluso, hay entidades de su territorio donde existe un fuerte vínculo entre desaparición de mujeres y niñas, así como con el feminicidio, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) apunta que en México existe muy poca accesibilidad a la justicia para las víctimas.
Impunes redes delictivas Tovar Aragón señaló que el desolador panorama, falta de atención y bajo desempeño de las autoridades, lo revelaba la recién desaparecida Fiscalía Especial Para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), que sólo atendió 386 denuncias en sus tres años de existencia. “De ellas, canalizó únicamente 139 averiguaciones previas y consignó 45, de lo cual obtuvo 17 órdenes de aprehensión y sólo una condena”, afirmó.
La trata de personas –señaló Crystal Aragón- es un crimen que implica la violación de todos los derechos humanos en una sola persona.
Con base en datos del documento “La Trata de Personas en México: Diagnóstico Sobre la Asistencia a Víctimas”, de 2001 a 2010 hubo 12.3 millones de víctimas en el mundo.
De hecho, es la tercera actividad más lucrativa del crimen organizado en el mundo, la cual les genera ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares, en un inhumano delito en el que el 50 por ciento de las víctimas son reclutadas por desconocidos, el 5.5 por sujetos aparentemente identificados como delincuentes, otro 25 por parejas y parientes con antecedentes de violencia intrafamiliar y el porcentaje restante por “amigos” o conocidos ocasionales.
En México, como en el resto del mundo, las adultas representan entre 55 y 60 por ciento de víctimas; las niñas, entre el 15 y 20. En suma, al menos 75 por ciento son mujeres. Por su parte, los niños significan entre el 8 y 10 por ciento.
“Una cifra sin duda alarmante es que en México desaparecen, en promedio, tres personas al día, principalmente mujeres y niñas víctimas de trata y esclavitud sexual”, refirió la legisladora integrante de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados.
Aseguró que este delito sólo puede darse en contextos de violencia social, abuso, maltrato y discriminación contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo cual las autoridades deben abocarse a erradicar estos factores.
Sin embargo, también destacó la necesidad de enfrentar las consecuencias, particularmente en materia de justicia, pues según la OIM existe muy poca accesibilidad a ella por parte de las víctimas.
En este sentido, se pronunció por reformar y actualizar la legislación; elaborar protocolos de investigación y atención a víctimas; proporcionarles por ley protección, atención y asistencia adecuada, y aumentar la colaboración con organizaciones no gubernamentales.
A la par de ello, Tovar Aragón consideró necesario capacitar a policías, agentes de migración, inspectores del trabajo, fiscales, jueces, asistentes sociales y demás empleados de gobierno vinculados con esta problemática.