En América Latina se implementa “la ejecución extrajudicial de la pena”; en México, sólo en tres de cada 10 casos se le informa a la persona la razón de su detención.
El control judicial ante la privación de la libertad y derechos de las personas privadas el profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre Iguíniz, aseveró que en los países Latinoamericanos la pena se lleva a cabo de una manera extrajudicial.
Dijo que en el Distrito Federal la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social presenta deficiencias, aseguraron especialistas en el Foro Internacional Los Derechos Humanos: condición fundamental en el Sistema Penal Acusatorio, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
“El componente mayor de la privación de la libertad no es lo mandatado por el juez, sino son todos esos elementos del derecho penal subterráneo que hacen de la prisión preventiva una medida materialmente extrajudicial”, subrayó.
Y detalló: “Porque el juez nunca ordenó que hubiese hacinamiento, que hubiese privación de alimentos. Nunca ordenó una serie de elementos que son el componente real más importante de la pena, mucho más oneroso que la sola pérdida de la libertad”.
Sarre Iguíniz manifestó que cualquier nueva legislación tiene que plantear las vías procesales, los recursos jurisdiccionales específicos para hacer valer los derechos que se tienen en reclusión, y que la ejecución de la prisión preventiva y de la pena no tenga elementos de ejecución extrajudicial.
FLAGRANCIA EN MÁS DEL 90%
A su vez, el abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, Octavio Amezcua, aseguró que entre ocho y nueve de cada 10 detenciones en el país se realizan en flagrancia y a más del 90% de las y los detenidos no se les presenta ninguna orden judicial.
Agregó que sólo en tres de cada 10 casos se le comunica a la persona la razón de su detención; a siete de cada 10 no le informan su derecho a guardar silencio; y aproximadamente la mitad de los detenidos rinde su declaración sin asistencia legal
“Una serie de carencias y de omisiones del sistema de justicia que son un caldo de cultivo para abusos, como es la fabricación de pruebas por parte de las autoridades ministeriales”, dijo.
En tanto, la Directora de Litigio Estratégico en la organización Documenta, AC, María Sirvent, aseguró que la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal presenta deficiencias, y un ejemplo de ello son los estudios de personalidad que vulneran el derecho al debido proceso.
“En general los estudios de personalidad violan el principio de responsabilidad del acto, pues con ello se busca atribuir responsabilidad penal a una persona con base en su forma de ser y conducir su vida, y no por la conducta delictiva que se le imputa”, dijo.
Otras incorrecciones en la nueva Ley, aseguró, es considerar el trabajo como un requisito para otorgar los beneficios de preliberación; limitar la competencia de los jueces de ejecución en la examinación de las condiciones de vida en reclusión; e imponer medidas disciplinarias excesivas.
NO SE APLICA LA LEY
Por otra parte, el Director General Adjunto de Reforma Policial y Sistema Penal Acusatorio de la Comisión Nacional de Seguridad, institución dependiente de la Secretaría de Gobernación, Israel Alvarado, aseveró que en México como en la mayoría de los países de Latinoamérica lo que hace falta es aplicar la ley.
En su oportunidad, el Presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, Elkin Gallego Giraldo, identificó dos retos fundamentales en materia de privación de la libertad: que el sistema penitenciario esté articulado con el sistema penal y con la administración de justicia en general y utilizar el derecho penal en su justa proporción.
DIFÍCIL CONTABILIDAD
Hay que destacar que de 2007 a 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado cuenta de 11 mil 269 irregularidades en lugares de detención e internamiento, por lo que ha emitido 33 informes al respecto que contienen igual número de recomendaciones dirigidas a autoridades federales, estatales y municipales. Esto porque la recopilación de estos datos es uno de los más tediosos y aclarados por este organismo. Esto sin cuantificar otras extrajudiciales.
Esta información, se desprende de mil 936 visitas realizadas desde 2007 cuando la CNDH empezó a fungir como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hasta diciembre de 2011, a diversos lugares de internamiento y detención como centros para adultos, cárceles municipales, separos de seguridad pública y juzgados, centros para adolecentes, agencias de ministerio público, albergues para atención a víctimas de delitos, hospitales, instituciones psiquiátricas, entre otras.
La CNDH informó que el año pasado se llevaron a cabo 100 visitas a distintos centros de reclusión; se impartieron 32 cursos de capacitación dirigidos a 227 servidores públicos, con un impacto a 161mil 823 personas internas en los centros visitados.
También señalaron que Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH se reunió con Víctor Rodríguez Rescia, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
La junta tuvo lugar como parte de la promoción y fortalecimiento de la colaboración entre dicho Subcomité y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Ambas instituciones fueron creadas por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para prevenir y erradicar tan grave e inaceptable violación a los derechos humanos en México y el mundo.
Plascencia Villanueva subrayó el firme compromiso de trabajar en favor del combate a este agravio, así como la disposición de apoyar a través del Subcomité a diversos países en proceso de instauración del Mecanismo Nacional de Prevención.
También se compartirán las Guías de Supervisión que han sido desarrolladas para hacer más eficiente el trabajo de inspección en los diversos lugares de detención e internamiento.
Para este Organismo nacional, establecer un frente común para combatir la tortura y fort alecer la cultura de respeto a los derechos humanos de toda la sociedad debe ser un compromiso de todos.