En el Informe Mundial Anual 2013 de Amnistía Internacional (AI), también se documento el desplazamiento de más de 150 mil personas que abandonaron su residencia a consecuencia de violencia, extorsiones y amenazas criminales. “Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos”.
Si embargo en nuestro país a pesar de las reformas vanguardistas en protección de los derechos humanos, tan sólo en 2012 se presentaron mil 662 denuncias, en tanto Amnistía Internacional documentó en el sexenio pasado más de 60 mil asesinatos, cometidos en su mayoría en su mayoría por las bandas delictivas, aunque se comprobó que en muchos homicidios y secuestros se perpetraron en connivencia con policías y otros funcionarios públicos.
Es evidencia del caso omiso de los indicios de violaciones de derechos humanos, de las detenciones arbitrarias, denuncias de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como el 98% de impunidad en los delitos cometidos en el país.
Este informe presentado por Amnistía Internacional nos indica el camino a seguir en cuanto a la garantía y defensa de los derechos humanos en México. Debemos reconocer la gravedad de los abusos cometidos, la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales y del trabajo del gobierno, así como debemos buscar las reparaciones integrales a las violaciones de derechos humanos que se cometen.
Es por ello, lamentable que en el Poder Legislativo se presenten obstáculos a la defensa de los derechos de las mexicanas y los mexicanos, por lo que recordó lo acontecido en la undécima reunión de Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos.
Recientemente para el PRD la iniciativa del diputado Sotomayor no hace más que vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en la reforma constitucional de 2011. Además pone en riesgo el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, asociación, participación política y tránsito, y busca criminalizar la denuncia y la protesta.
En materia de seguridad pública, el informe de AI señala que “miembros del Ejército, la Marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas.”
“La defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin intereses partidistas, debe ser el eje rector del trabajo de cualquier legislador y legisladora. Es inaudito, por ejemplo tan sólo en 2012, existan mil 662 denuncias de tortura y malos tratos y ni una sola condena al respecto”. Esto es un serio indicador de la situación de los derechos humanos en el país en el que nuestros representantes aun tienen mucho que trabajar.