Luego de que se han comprobado números casos de delitos de trata de blancas y explotación sexual contra menores de edad y jovencitas en los llamados “giros negros”, la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (PAN), propuso exhortar al Instituto Nacional de Migración (INM) a intensificar los operativos en clubes privados, bares, discotecas y centros de masajes o similares, a fin de revisar el estatus migratorio de las
extranjeras que trabajan en esos sitios, y detectar dónde son víctimas de explotación sexual o laboral.
En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, recomendó continuar los operativos del Programa Permanente contra “giros negros”, en las entidades federativas.
Resaltó que según el Informe Anual sobre la Trata de Personas 2012, presentado por la Embajada de Estados Unidos en México, los grupos más vulnerables son las mujeres, los menores de edad, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y mentales y los migrantes indocumentados.
Álvarez Tovar mencionó que las autoridades migratorias mexicanas aseguran y repatrian anualmente a 60 mil 248 personas migrantes; esto quiere decir que únicamente 1.5 personas migrantes de cada 10 son aseguradas y deportadas.
Dijo que del total de personas aseguradas anualmente por el INM, el 90 por ciento procede de países centroamericanos (en orden de mayor importancia: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice). Esto equivale a que 9 de cada 10 personas migrantes aseguradas provienen de esta región.
Además, del 100 por ciento de migrantes que cruzan la frontera México–Guatemala, el 16.42 por ciento tienen como destino México, mientras que la meta del 83.57 por ciento restante es llegar a Estados Unidos.
La diputada Álvarez Tovar mencionó que el turismo con fines de explotación sexual de menores persiste, especialmente en zonas turísticas como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como en las ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez.
Además, dijo, existen grupos delictivos organizados que obligan a menores y migrantes a prostituirse y a trabajar como sicarios, vigilantes y contrabandistas de drogas.
“La situación de los indocumentados los hace presa fácil de delincuentes. Las mujeres migrantes ven acentuada su condición de vulnerabilidad al ser víctimas de los secuestradores, aunado a abusos sexuales y violaciones. En otras ocasiones, las migrantes están expuestas a la amenaza de ser prostituidas o vendidas con fines sexuales”, afirmó.
Precisó que la corrupción permite que el proceso de trata continúe protegido, eludiendo la acción de la justicia y propiciando la victimización de personas inocentes.
Señaló que la trata de personas es una clara manifestación de cómo este fenómeno afecta el orden socioeconómico de un país, de tal manera que convierte a los sectores más vulnerables en víctimas potenciales.
De ahí, dijo, la importancia de que el INM se coordine con las autoridades competentes para que se realicen verificaciones en lugares donde laboren extranjeros. El punto se turnó a la Segunda Comisión de la Permanente.