A cuatro años del incendio que provocó la muerte de 49 y lesiones a 76 niñas y niños en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, diputados del GPPRD reiteraron su demanda a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue a fondo las causas del siniestro a la luz de nuevos elementos recién publicitados e identificar, aprehender y consignar a los presuntos responsables.
Verónica Beatriz Juárez Piña, Alfa Eliana González Magallanes, Agustín Miguel Alonso Raya y Carlos Reyes Gámiz señalaron, a través de un Punto de Acuerdo que presentarán a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que las madres y padres de aquellos niños, y niñas, siguen a la espera de justicia.
No sólo no se castiga –dijeron- a los presuntos responsables que por acción u omisión no evitaron la tragedia, sino incluso no se ha indemnizado a todas las madres o padres cuyo hijo falleció o quedó lesionado de por vida en aquella tragedia de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sobre el primer aspecto, recordaron que a la versión según la cual el incendio fue ocasionado por un sobrecalentamiento en el sistema de enfriamiento de una bodega de archivos del gobierno de Sonora que luego se extendió a la estancia infantil, se sumó recientemente otra según la cual tres sujetos lo provocaron.
Entre éstos se encontraría Carlos Andrés López Meza, chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, a su vez Secretario Técnico del gobierno de Eduardo Bours Castelo, el cual fue asesinado de nueve balazos dos meses después del incendio.
De acuerdo con esta versión, Lam Félix fue quien ordenó y dirigió el incendio en la bodega, que luego se propagó a la estancia infantil, con el objetivo de destruir documentos relacionados con la deuda de 10 mil millones de pesos generada durante la gestión de Bours en la aplicación del programa “Plan Sonora Proyecta”.
Los legisladores refirieron que la PGR ya incluyó esta línea de investigación en abril pasado, “por lo que es un requerimiento y clamor social” que se profundice en ella “hasta el esclarecimiento de la verdad, caiga quien caiga, y los responsables de estos lamentables hechos sean sometidos a la acción de la justicia, sin importar su condición política, económica o social”.
Haya sido o no intencional, lo cierto es que hay responsables de esta tragedia porque la guardería siniestrada carecía –como aún carecen muchas otras de las mil 432 guarderías subrogadas del IMSS- de las medidas mínimas necesarias para la importantísima tarea de cuidar y salvaguardar a los infantes
Sin embargo, hasta junio del año pasado, sólo funcionarios menores había sido imputados penalmente por la tragedia, pero ninguno estaba encarcelado.
Además, ninguna instancia federal o estatal aceptó llevar a juicio a los copropietarios de la guardería, entre ellos familiares de funcionarios de Bours y de Marcía Gómez del Campo, prima política de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, quien fue absuelta del proceso penal el 11 de enero.
Así, al dolor por la pérdida de vidas, la afectación y hasta la incapacitación de inocentes por las quemaduras, se suma la indignación por la impunidad imperante en el país, por lo cual los padres de familia están por acudir a instancias internacionales en busca de la justicia que en su patria se les niega.
Los legisladores apuntaron que el Congreso de la Unión no puede permanecer ajeno a esta situación, por lo que a través de la Comisión Permanente le solicitaron pronunciarse para que se haga justicia y se repare, en lo posible, el daño causado a las víctimas.
Le propusieron que también, por ello, exhorte al IMSS a fortalecer la seguridad en ese tipo de estancias, tanto en las que administra directamente como las que tiene subrogadas, a fin de evitar que se repitan hechos tal lamentables como aquél.
Solicitaron, incluso, que este organismo administre toda la guardería destinada a los hijos de sus beneficiarios, pues la que se incendió en la capital sonorense era subrogada y no cumplía –como no cumplen muchas otras- requisitos mínimos de seguridad y calidad.
Pidieron también un informe sobre la salud de los 76 menores lesionados y los apoyos económicos para sus familias y las de los finados.
Finalmente, exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a intervenir para el cumplimiento de la Recomendación 49/2009 y al Ejecutivo Federal para que decrete el 5 de Junio como Día Nacional de Protección Civil.
Al respecto, el diputado Javier Salinas Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Social, afirmó que “los encargados de administrar e impartir justicia, así como los responsables y los culpables de esta tragedia, duermen ahorita ‘como bebitos’.
“No es suficiente con la llamada ‘Ley cinco de junio’. Se debe dar mayor certeza, garantía y beneficios a los usuarios de este servicio. Ahora a los niños se les considera un número; antes se les veía como seres humanos, como lo que son. Creemos que la instituciones encargadas de los recién nacidos y hasta los cuatro años deben tener lo necesario para dar certeza a las madres usuarias del servicio. Creemos que todavía es necesario trabajar más”, concluyó.