Crítico abandono educativo

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Hace más de tres décadas que el Gobierno Federal no ha construido universidades de gran envergadura, por lo que actualmente solamente existen 31 públicas en el país, situación que ha ocasionado que al año más de 300 mil personas sean “rechazadas del sistema educativo nacional”.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), informó que 280 mil 96 alumnos obtuvieron un lugar en las preparatorias y bachilleratos públicos del país, por lo que solamente 246 mil 401 se quedaron en la opción deseada.

Sin embargo, las universidades con mayor demanda y que solamente pueden absorber la tercera parte de la matrícula nacional (100 alumnos al año), tienen que rechazar más de la mitad de la solicitudes, por lo que 200 mil alumnos prefieren continuar sus estudios en alguna universidad privada en lugar de cursarlos en un Conalep, Colegio de Bachilleres o CCH.

Por ello, durante los últimos días se han manifestado los jóvenes rechazados de universidades públicas, integrándose en el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), que han realizado diversas marchas en el Distrito Federal durante la última semana.

Cabe recordar, que el movimiento estudiantil está integrado por un millar de jóvenes que deseaban entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entre otras.

Para demostrar su enojo, los jóvenes estudiantes publicaron un comunicado en las redes sociales en el cual reclaman que durante siete años que comenzó el movimiento “las autoridades no han hecho nada al respecto para aumentar la matricula educacional” y que desde hace 20 años el presupuesto de la educación pública se ha visto reducida.

“Desde hace más de 20 años comenzó la restricción en los presupuestos a las universidades e instituciones públicas y con ello frenaron su expansión y el crecimiento de la matrícula. Particularmente desde los años 90, con la firma de acuerdos y tratados de libre comercio, abrieron e incentivaron el mercado para promover el crecimiento de las universidades e instituciones privada”, explicaron.

Por otra parte, critican que el Gobierno Federal promueva la educación técnica a la universitaria, propiciando que las empresas ofrezcan bajos salarios aunque sean empleos calificados.

“La educación de carácter técnico o tecnológico la entendemos más bien como capacitación para el trabajo. Quieren a más jóvenes como técnicos calificados, que ocupen los empleos mal pagados que vienen a ofrecernos las grandes empresas sobre todo de capital transnacional”, remarcaron.

Además, criticaron que el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior y el decreto para deducir de impuestos el pago de colegiaturas en escuelas privadas son los ejemplos más claros de que la apuesta del gobierno es ahogar a los estudiantes con deudas impagables.

“Su propuesta es que quien quiera educación superior que pague por ella”, remarcaron.

Programa emergente de la SEP un fracaso

A una semana de haber iniciado el Programa Emergente para la Educación Superior que instauró la Secretaría de Educación Pública (SEP),  para apoyar a los más de 100 mil rechazados de las preparatorias y universidades públicas del país “ no ha sido aceptado”.

Los 40 mil lugares extras ofrecidos por la dependencia federal no han logrado el interés suficiente por parte de los aspirantes, quienes aseguran que las escuelas que les ofrecen son de mala calidad o patito en el caso de las privadas.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta el día el pasado 29 de julio solamente se habían inscrito en el programa 15 mil 583 alumnos, 8 mil 865 en instituciones públicas y 5 mil 685 en privadas, es decir en la modalidad presencial se inscribieron 14 mil 550 alumnos.

En entrevista para El Punto Crítico, Nora Margarita de la Cruz Santiago, de 18 años, tiene la ilusión de estudiar la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero fue rechazada en el examen de selección, ya que de 85 aciertos aprobó 55. La segunda oportunidad para hacer la evaluación no la pudo "aprovechar" porque no tenía los 385 pesos que cuesta el derecho a éste.

Ella es parte de los cerca de 1.600 estudiantes que integran el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) y que este año no lograron ingresar a las licenciaturas que se ofertan en instituciones públicas como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el área metropolitana del Valle de México.

Nora vive en Xochimilco, su padre es obrero y tiene el nivel básico de estudios. En su bachillerato, nunca cursó materias como Filosofía, Ética, Historia y otras que son obligatorias en las preparatorias o en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de la UNAM.

Hasta ahora, y durante los tres años de bachillerato, Nora trabaja los sábados en una pozolería donde le pagan 100 pesos diarios, los que deben alcanzarle para los pasajes de la semana. Forma parte de la Comisión de la Mesa de Negociación por lo que es una de las que debe argumentar en las negociaciones con las autoridades educativas. Y ha aprendido, dice, que la educación es un derecho humano que el Estado debe garantizar.

Exámenes de ingresos no son para las clases populares; Hugo Aboites

El investigador en Políticas Educativas de la UAM, Hugo Aboites, quien además acompaña en las mesas de atención al MAES, afirmó que este examen de selección "está diseñado para la clase media ilustrada, no para las clases populares”, porque tiene palabras que casi nunca usa esa parte de la sociedad.

Aboites explicó que además es un examen que está diseñado para personas del DF, y de ciertas colonias de esta zona geográfica, ya que sus estadísticas revelan que de cada 100 estudiantes aprobados, 30 viven en la colonia del Valle, una de las zonas de más plusvalía de la Ciudad de México.

La SEP no ha recibido formalmente críticas con respecto al diseño y contenido de los exámenes, además de que cada institución —UNAM, UAM e IPN— diseña sus propias evaluaciones, de acuerdo con las áreas de conocimiento de la licenciatura que desean cursar los aspirantes.

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