Senadores priistas piden informe sobre seguridad en el Metro del DF

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El PRI en el Senado exhortó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y al director general del STC, Joel Ortega Cuevas, a que presenten ante esta cámara un informe detallado de las acciones emprendidas o por aplicar para reforzar la seguridad en el Metro y sus alrededores.

En la exposición de motivos del punto de acuerdo que presentaron los legisladores priistas se señala que el Metro es el medio de traslado más importante de la ciudad de México, que transporta al día a más de ocho millones de pasajeros, tanto del Distrito Federal como de los municipios conurbados del Estado de México.

En el documento de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se indica que seis de cada 10 usuarios son empleados y estudiantes; tres de cada 10 son profesionistas, amas de casa y comerciantes, y uno de cada 10 son obreros.

Resalta que la inseguridad en el Metro se ha agravado en lo que va de este año, y destacan el hallazgo de cadáveres, robos, tres partos, desmanes y venta irregular por vagoneros y bocineros.

Según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de enero a octubre de 2013 los principales delitos que se cometieron en el Metro fueron robo y abuso sexual.

Las estaciones con mayor incidencia delictiva son Pantitlán, con 35 por ciento; Guerrero, con 27, e Hidalgo, con 20; a lo que se suman los sucesos acontecidos en los últimos días en varias terminales, como la localización de cuerpos sin vida en sus instalaciones.

El documento cita como ejemplo que el 12 de febrero pasado se descubrió en el paradero del Metro Taxqueña el cadáver de un hombre en situación de calle y el de una mujer en una estación del tren ligero. Ese mismo día en la terminal Insurgentes se halló sin vida a un joven de 30 años.

Según datos del último informe de las autoridades, en las instalaciones de este servicio se contabilizaron dos mil 643 delitos, de los cuales 321 fueron robo, 189 agresiones sexuales, dos mil 95 faltas a la Ley de Justicia Cívica y 38 contra la salud.

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