Los diputados del PRI de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, demandaron se exhiban a los funcionarios de la anterior administración del Gobierno del Distrito Federal que pagaron 119 millones de pesos a empresas
certificadoras para que dieran el aval del inicio de operaciones de esta línea del metro, pese a que presentaba problemas muy delicados.
Tras realizar un recorrido la semana pasada de la Línea 12 del metro, integrantes de la Comisión Especial criticaron que las obras se hayan realizado sin el proceso legal de la celebración de contratos y señalaron que se debe fincar responsabilidad legal en contra quien resulte responsable de la administración pasada.
Al respecto el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente de ese órgano legislativo, denunció que entre otras irregularidades que se han detectado a través de la Auditoría Superior de la Federación resalta el hecho de que la pasada administración del Distrito Federal omitió presentar la manifestación de impacto ambiental y el documento de uso de suelo permitido al iniciar la construcción de la Línea 12 del Metro.
Esta omisión es muy grave, más aún en el caso de una administración que sustentó buena parte de su discurso de gobierno en la protección y conservación del medio ambiente y en el respeto a la legalidad. Se debe demandar la reparación de los daños ambientales así como fincar las responsabilidades y sanciones.