Con el fin de velar por la sustentabilidad de energías limpias y el control de emisiones contaminantes en actividades empresariales e industriales, la fracción del Partido Acción nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, impulsará una iniciativa para instalar techos solares en 500 mil hogares y pequeños negocios a lo largo y ancho
del país para el 2024.
Estos techos solares no serán pagados por el Estado, sino por los propios ciudadanos; únicamente se requieren estímulos fiscales de muy pocas consecuencias para el erario y facilidades de financiamiento.
Asimismo, se busca incrementar la eficiencia energética en la producción y uso de electricidad en un 20 por ciento para el año 2030, en el sentido de “dar pasos firmes”. Asegura que “los ahorros para los hogares y empresas superan con creces las inversiones que pudieran hacer los ciudadanos y los negocios en aparatos ahorradores”.
Esta norma, promovida por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) deroga las leyes de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), y para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) que, junto a otros ordenamientos y políticas públicas, dictan “de manera tímida y abstracta” medidas ambientalistas.
La propuesta “no significa la irrupción de mandatos radicales que vengan a sacrificar el crecimiento económico de México, ni introduce conceptos diferentes a los ya estipulados. Recoge lo principal de las dos leyes que deroga y lo transforma en ordenamientos claros que satisfacen los requerimientos de la reforma
Por otra parte, la iniciativa agrega una novedad en el país: los mercados de energías limpias y de bonos de carbono, cuya creación “ya se vislumbra como una necesidad”. Aunque esto se mandata en la Ley General de Cambio Climático, subraya la diputada, “todavía no se han dado los pasos necesarios para crearlo, algo que asumirá la Ley” que propone.
“El mercado de certificados de energías limpias es un complemento fundamental a las metas-país en esta materia y sirve para fortalecer el mercado eléctrico en general y facilitar el cumplimiento de los cometidos de la reforma energética”, explica la diputada.
Ortiz Mantilla aclara que no se crean organismos adicionales a los ya mandatados en la propia reforma, sólo se modifican los actuales y, aprovechando sus capacidades, se les dota de tareas adicionales para volverlas más efectivas.
En materia económica, continúa, la LTE sólo propone la creación del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, adicional a los ya existentes, que posee un carácter envolvente porque no contempla donaciones a fondo perdido, por lo que “no implica un sacrificio presupuestario”.
En el caso de las inversiones públicas, no adiciona nuevas cargas a las ya requeridas por el propio crecimiento de la demanda energética del país, agrega la legisladora.
Precisa que con lo dispuesto en la LTE, los inversionistas que han participado en proyectos públicos con la Comisión Federal de Electricidad, seguirán participando para sustituir plantas altamente contaminantes por otras a gas, modernas y eficientes.
Para la red de transmisión, la Ley de Transición Energética mandata que las zonas con alto potencial de energías renovables sean dotadas con una red suficiente para desahogar las energías limpias que en ellas se vayan a producir.
Ortiz Mantilla afirma que las disposiciones de la LTE tendrán frutos importantes, como la generación de empleos, el crecimiento del PIB, la creación de nuevas empresas, una mayor recaudación fiscal y mejores niveles de bienestar para los ciudadanos del país.