A 33 días de ocurrida la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa y del asesinato de seis personas (tres estudiantes), salen a la luz nuevas pistas, el gobierno refuerza medidas para dar con los normalistas y con los responsables intelectuales, y el caso atrae la atención internacional.
En declaraciones hechas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO),Sidronio Casarrubias, líder de los “Guerreros Unidos”, dijo que su organización secuestró a los 43 normalistas de Ayotzinapa porque supuestamente estaban infiltrados 17 miembros de la banda rival de “Los Rojos”, según un artículo publicado ayer por un diario de circulación nacional.
Casarrubias Salgado, aseguró que los supuestos infiltrados estaban armados y su propósito era asesinar a Víctor Hugo Benítez “El Tilo”, jefe de plaza de “Guerreros Unidos en Iguala”, así como a cinco de sus hermanos.
De acuerdo con el capo, esos 17 jóvenes fueron asesinados y calcinados y sus cenizas arrojadas a un río, al parecer en Cocula, porque supuestamente se trataba de miembros del grupo rival.
Señaló que este grupo criminal aparentemente pagó 300 mil dólares al procurador de Guerrero, Iñaky Blanco; al secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y al director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, para que permitieran que criminales se infiltraran en los autobuses con los estudiantes y con ello evitaran que la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatales intervinieran en el “asalto” de la plaza de Iguala.
Casarrubias aseguró que, en Ayotzinapa, su organización presuntamente ya había detenido a los primeros “infiltrados” de “Los Rojos”, aunque no mencionó cuántos, y habían “levantado” y matado a otros tres en Chilpancingo.
El capo también explicó que existían vínculos entre su organización y el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Señaló que la familia Pineda Villa financió la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura de Guerrero, mientras que la esposa de Abarca era la responsable canalizar recursos a los Guerreros Unidos.
“María de los Ángeles Pineda Villa es la actual amante del gobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y quien también fue financiado para su campaña por estas personas”, declaró el también detenido ante las autoridades.
Casarrubias, igualmente, aseguró que el ex alcalde era uno de los mandos de los “Guerreros Unidos” y una de las principales fuentes de ingresos para la organización, pues les aportaba dinero.
“Uno de los líderes que más le inyectaba dinero a la organización, siendo alrededor de 3 a 4 millones de pesos -lo que no sé (es) si la aportación era bimestral o mensual-, siendo el líder que menciono José Luis Abarca Velázquez, quien es presidente municipal de Iguala”, dijo.
El diario “que dio a conocer esta información asegura haber tenido acceso a las confesiones del capo, las cuales están contenidas en la causa 100/2014 del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros.
Toman seguridad de 17 municipios
A fin de localizar a los estudiantes desaparecidos, la búsqueda la realizarán10 mil elementos federales en 100 lugares de Guerrero determinados por los familiares y por la inteligencia del gobierno federal. Los elementos encargados de la búsqueda pertenecen al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal y Gendarmería. Así lo dieron a conocer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
Este último afirmó que la dependencia a su cargo integra grupos especializados, para capturar al edil prófugo de Iguala, a su esposa, al secretario de Seguridad del municipio, Felipe Flores, y a los autores intelectuales del ataque contra los normalistas.
“Estamos usando todos los medios de inteligencia que tenemos, y le aseguro: no sé en cuánto tiempo, pero les aseguro que estarán en la cárcel", sentenció.
En un recinto de la zona Diamante de Acapulco, se reunieron el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; el secretario de Marina, Francisco Soberón; el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz.
Al término de dicha reunión, Osorio Chong precisó que, por orden presidencial, la federación se hará responsable de la seguridad en 17 de los 81 municipios de Guerrero donde hay evidencias de vínculos de policías con el crimen organizado, mientras se crean nuevos cuerpo de seguridad.
El titular de la Segob reconoció que "es un problema muy grande, es un tema que ha girado la atención de todo el mundo hacia México y que está aquí en Guerrero (…). Pero (...) habremos de encontrar no solamente la verdad sino también que esto sirva para poder tomar las medidas necesarias y suficientes".
En relación con la radicalización de la protestas que anunciaron la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y los normalistas, Osorio dijo que buscan sostener un diálogo con las organizaciones "para poderles decir que entendemos que puedan manifestarse, pero que no es agrediendo los derechos de otros como pueden resolver cualquier tipo de problemas".
El gobernador Rogelio Ortega destacó que "nadie (está) por encima de la ley, nadie que rebase la legalidad". También dijo que: "nadie puede atentar contra la propiedad privada que consagra nuestra legalidad. Nadie puede atentar contra terceros".
En un comunicado, la Segob informó que Osorio Chong afirmó en la reunión que "la instrucción del presidente de la República es investigar a fondo, utilizando todos los recursos técnicos y humanos con los que cuenta el Estado mexicano, para localizar a los estudiantes, así como encontrar a todos los autores materiales e intelectuales y aplicarles todo el rigor de la ley".
Aún no son fosas: Murillo
En el paraje Puente de Río San Juan, en Cocula, Guerrero, peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), realizaban labores para determinar la existencia de restos humanos en las fosas que se localizaron el lunes, mientras las autoridades atendían la reunión en la zona Diamante.
La PGR trasladó a sicarios de Guerreros Unidos que detuvo el lunes para que indicaran el lugar exacto al que supuestamente llevaron a los normalistas. Se trata de un barranco de más de 20 metros de profundidad en el que peritos realizaban trabajos de rastreo y análisis, mientras el lugar era resguardo por elementos de la PGR, Interpol México, Policía Federal, Marina y el Ejército.
En realidad, se trata de un basurero municipal por lo que en la zona aún se observa una gran variedad de desechos. Murillo Karam destacó que aún no se puede considerar una fosa, porque no hay evidencia de cuerpos.
Si bien dos sicarios de Guerreros Unidos confesaron haber trasladado a ese sitio a estudiantes detenidos y haber hecho "acciones" en ese lugar, a las autoridades aún no les es posible determinar lo que ahí sucedió.
Atención internacional
En horas recientes, los sucesos en Guerreo han sido comentados tanto por el máximo representante de la iglesia católica como por el vocero de la Casa Blanca.
En su audiencia general de este miércoles, el papa Francisco dedicó una oración a la localización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano, que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en este momento', dijo en español el papa, según reportó Notimex.
Al parecer, estas palabras no estaban incluidas en el discurso escrito que el pontífice leía ante cerca de 30 mil personas presentes en la Plaza de San Pedro.
En tanto, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, el martes hizo una breve referencia a los hechos cuando dijo que es “preocupante' el caso ocurrido en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero.
Asimismo, foros como el del Parlamento Europeo, se han pronunciado a favor de una pronta investigación y justicia a las víctimas.
Redoblar esfuerzos
El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado para que todos los poderes y órdenes de gobierno redoblen esfuerzos y asegurar la vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
"Nuestro reto común es lograr que la ley se aplique sin privilegios ni distinciones, que se ejerza con prontitud y transparencia para proteger a la sociedad y castigar a quien la lastime", dijo en la ciudad de Querétaro, en el marco de la 12 Edición México Cumbre de Negocios.
Peña dijo que en ese esfuerzo conjunto deben trabajar tanto los gobiernos como la sociedad y consideró que lograr el país que se desea requiere un esfuerzo compartido entre ambos actores.