De las poco más de 150 extradiciones anuales que realiza nuestro país, el 99 por ciento son hacia los Estados Unidos, informó el juez XII de Distrito de Amparo en materia Penal, en el Distrito Federal, Fernando Córdova del Valle.
Sin Embargo, reconoció que existen “errores en la norma; por ejemplo, sigue siendo la decisión del juez sólo una opinión
jurídica sobre la extradición, lo que no tiene ninguna fuerza para obligar a que el Estado cumpla la suspensión”.
Durante su conferencia magistral “La Extradición”, que impartió ante diputados, explicó a alumnos de la carrera de Derecho sobre el proceso por el que deben pasar los imputados de delitos cometidos en el extranjero y que son requeridos al Estado mexicano.
A pesar de que jueces mexicanos dictaban suspensiones en contra de alguna extradición, “el sujeto en cuestión era entregado de la noche a la mañana”, refirió.
Al salir del país, continuó, la suspensión era nula debido a que los juicios de amparo no son extraterritoriales. “Los juicios de garantías no pueden traer de regreso a los imputados desde otros Estados”.
“El juicio de amparo se sobreseía al no haber posibilidad de seguir el proceso y no poderse reparar la violación de garantías debido a que el sujeto ya estaba bajo las leyes del Estado que solicitó la extradición”, precisó.
Explicó que un país puede pedir al nuestro la detención provisional del imputado hasta por 60 días, mientras recaba las pruebas, y la extradición, una vez solicitada, deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días.
“Sólo pueden ser juzgados en el extranjero por los delitos que se le imputan en la extradición, no podrán anexarse otros al momento del proceso en el país al que es enviado”, explicó.
La extradición es un acto por el cual un Estado entrega a una persona que se encuentra en su territorio a las autoridades de otro país que lo reclama, para someterla a proceso o para que cumpla una pena que le fue impuesta por la comisión de un delito.
El expositor destacó que, contrario a las extradiciones realizadas por el país en el sexenio pasado (2006-2012), el gobierno federal actual “no ha llevado a cabo ninguna sin un debido procedimiento, cumpliendo las formalidades del caso, y sin pasar por encima de los derechos humanos”.