La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha causado que la sociedad mexicana salga a las calles para exigirles a las autoridades el cese de la violencia en el país, sin embargo, ésta se adueñó de las protestas en el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Los pasados 26 y 27 de septiembre, 80 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Brugos de Ayotzinapa fueron emboscados por policías municipales cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, hiriendo a seis, matando a dos y secuestrando a otros 43, presumiblemente muertos.
El 30 de septiembre, después que los medios de comunicación dieran a conocer que el alcalde del municipio guerrerense, José Luis Abarca, era el probable autor intelectual de la matanza, provocó que por, primera vez en su historia, el objetivo de la marcha del 2 de octubre no fueran los sucesos de 1968, más bien lo ocurrido con los jóvenes indígenas.
Diez días después el 9 de octubre, el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco confirmó la aparición de seis fosas en los alrededores de la ciudad de Iguala, a pesar de que un día antes, en Guanajuato, había muerto un estudiante en manos de policías locales, provocando que el 10 de octubre, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), tomaran dos sucursales bancarias, sacan a los clientes y realizan pintas.
Sin embargo, el 12 de octubre, miembros de la sociedad civil marcharon en Chilpancingo, capital de Guerrero, entre líderes empresariales, comerciantes, estudiantes y ciudadanos, quienes exigieron seguridad, el esclarecimiento de los hechos y la remoción del gobernador Aguirre.
Sobre lo anterior, la delegación de la Unión Europea se sumó a la preocupación y exigencia de justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
Al día siguiente y en la misma ciudad, se realizaron quemas, pintas y destrozos en edificios públicos, resultando el más afectado el palacio de gobierno local.
Se responsabilizó de los actos vandálicos a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, miembros de la CETEG y familiares de las víctimas.
El mismo día, estudiantes de más de 10 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), convocaron a realizar un paro de 48 horas en solidaridad con los alumnos de Ayotzinapa.
Por la presión social, el 14 de octubre el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la detención de las primeras 50 personas quienes participaron en el caso, obligando a que las organizaciones sociales llamaran a la sociedad civil a nuevas movilizaciones.
Los movimientos sociales se incrementaron el 20 de octubre, cuando el sacerdote y defensor de derechos humanos mexicano, Alejandro Solalinde, trató de entregar a la PGR una declaración que contiene testimonios que recabó de varias personas quienes confirmaron que los normalistas habían sido asesinados, provocando que un día después estudiantes de la CETEG incendiaran las oficinas del PRD estatal.
Con los ánimos hasta los suelos, el 22 de octubre marcharon más de 50 mil personas en la Ciudad de México, exigiendo la salida inmediata del entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, renunciando un día después.
Posteriormente, el 20 de octubre, estudiantes de escuelas normales tomaron radiodifusoras en la entidad de Guerrero. Convocaron a participar el 5 de noviembre en una jornada nacional por los desaparecidos.
El mismo día se dio la primera reunión entre el presidente Peña Nieto y los familiares de los desaparecidos, donde firmaron un acuerdo de 10 puntos y el mandatario se comprometió a investigar a fondo los trágicos hechos.
El dos de noviembre partió de Iguala, con destino a Ciudad de México, el contingente de la caminata “43 x 43 Ni un desaparecido más”, quien arribó el día de ayer al Zócalo entre la violencia.
Cabe destacar que, el miércoles 5 de noviembre, las universidades del país realizaron la Tercera Jornada por Ayotzinapa, por lo que 70 mil personas marcharon por la capital mexicana. Esa misma noche, encapuchados incendiaron la estación del Metrobús Ciudad Universitaria, resultando dos personas detenidas.
Finalmente, el sábado 8 de noviembre organizaciones sociales realizaron una marcha pacífica por los desaparecidos. Desafortunadamente, grupos violentos destrozaron la puerta principal del Palacio Nacional; en tanto, en Iguala normalistas quemaron el Palacio de Gobierno de Guerrero y 20 automóviles.