El arrastre de los vehículos de la Ciudad de México a los depósitos vehiculares se ha convertido en un negocio muy redituable tanto para el gobierno del Distrito Federal como para las empresas concesionarias encargadas de prestar el servicio. Y es que tan solo en el periodo de 2009 a 2012, se recaudaron más de 500 millones de pesos por concepto de multas de tránsito y hasta el momento no se tiene claro a dónde van a parar esos ingresos y cuál es el porcentaje que reciben las empresas concesionadas por prestar el servicio.
Lo anterior fue denunciado por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos (Movimiento Ciudadano), secretario de la Comisión del Distrito Federal, quien dijo: “Pareciera que el arrastre de los vehículos de la Ciudad de México a los depósitos vehiculares se ha convertido en un negocio muy redituable tanto para el gobierno del Distrito Federal como para las empresas concesionarias encargadas de prestar el servicio”.
Por tal motivo, el legislador impulsa un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a que implemente exámenes de confianza y programas de capacitación a los policías de tránsito, a fin de mejorar el servicio de grúas en la capital y eliminar los constantes abusos a ciudadanos.
Denunció que todos los días miles de vehículos particulares son arrastrados a los diferentes corralones de la ciudad; sin embargo, no es posible identificar cuáles son los criterios utilizados por los policías de tránsito para remolcar o no a un automóvil.
Porque la discrecionalidad con la que actúan miles de policías para colocar la “araña” a un vehículo, remitirlo al corralón o imponer una multa de tránsito se modifica constantemente, según considere el policía a cargo.
Y por si fuera poco, el Reglamento de Tránsito Metropolitano “nunca es aplicado cabalmente por la autoridad competente”. Miles de ciudadanos inconformes, continuó, pasan horas tratando de comprobar que su sanción no ameritaba corralón y, sin embargo, nunca son escuchados. “La única manera de recuperar su vehículo es a través del pago de su multa, la cual oscila entre los 800 y mil pesos”, expuso.
A través del punto de acuerdo, Hurtado Gallegos aseguró que los anteriores no son los únicos abusos que se cometen durante los arrastres de los medios de transporte, ya que en algunos casos niños recién nacidos y personas de la tercera edad “han sido trasladados a los corralones dentro de los automóviles, por la irresponsabilidad de los policías”.
Externó, además, la necesidad de exhortar al gobierno del Distrito Federal para que implemente políticas de regularización a los policías de tránsito y operadores de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos estacionados en vía pública, que permita inhibir prácticas irregulares a la hora de aplicar los criterios establecidos en el Reglamento de Tránsito Metropolitano.
Asimismo, solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que, en un plazo no mayor a 30 días, implemente exámenes de confianza a todos los policías de tránsito y vialidad, a fin de disminuir la corrupción y la discrecionalidad a la hora de aplicar el reglamento.
También se pide al gobierno de la ciudad a que en dicho plazo haga pública la información referente al destino de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito.
Además, que implemente programas de capacitación a los policías de tránsito para lograr tener el personal competente que permita mejorar el servicio de grúas en la Ciudad de México, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos.