Diputados de las fracciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), enviaron una solicitud formal al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, a fin de reiniciar la mesa de trabajo para dar seguimiento a su solicitud para sean liberados Nestora Salgado García y a Marco Antonio Suástegui Muñoz, quienes se encuentran en calidad de detenidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Los legisladores de estas fracciones informaron que ya notificaron sobre dicha petición al gobernador de Guerrero, y alertaron que, de no hacer caso de su petición, se corre el riesgo de “aumentar el clima de violencia que prevalece en Guerrero e impedir la adecuada defensa de los derechos fundamentales en las estrategias oficiales y comunitarias de seguridad pública”.
Salgado García es coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá y pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conocidas por sus siglas como CRAC, y Suátegui Muñoz es un líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop).
“Nos manifestamos por el reinicio de la mesa de trabajo que veníamos realizando con el gobierno de Guerrero”, indicaron en un comunicado de prensa los diputados del PRD, Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Elena Tapia Fonllem, Carlos de Jesús Alejandro, Lourdes Amaya Reyes, Roxana Luna Porquillo, María del Rosario Merlín García y Vicario Portillo Martínez.
En su momento, Loretta Ortiz Ahlf, del PT, y Ricardo Mejía Berdeja de MC, aseguraron que en el estado guerrerense hay una tendencia a suprimir los sistemas de justicia y seguridad de la mano “con una grave impunidad de grupos del crimen organizado y de servidores públicos”.
Ambos legisladores coincidieron en que estos casos “aumentan el clima de violencia que prevalece en Guerrero e impide la adecuada defensa de los derechos fundamentales en las estrategias oficiales y comunitarias de seguridad pública”.
Recordaron que la hija de Nestora Salgado abandonó el país acompañada de su hijo e hija, “debido a las constantes amenazas que recibió en su contra y la de su familia”.
Dicha situación, dijeron, “se agudizó luego de tres llamadas telefónicas realizadas por un hombre identificado como integrante de la delincuencia organizada del estado de Guerrero”.
Explicaron que tan solo en “abril de este año, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, que le había sido dictado a la defensora comunitaria”, lo que no redundo en su liberación, subrayaron.
“Contrario a ello –agregaron- la defensora continúa encarcelada en el penal federal de máxima seguridad de Nayarit, enfrentando otros procesos abiertos en su contra”, puntualizaron