Por existir sospechas de actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió de sus funciones a siete altos funcionarios, entre ellos un magistrado, un juez y cinco secretarios.
A los siete empleados del Poder Judicial Federal se les investiga por el otorgamiento indebido de amparos vinculados a la
importación de autos usados.
Al hacer pública la medida, la Judicatura Federal señaló que la suspensión durará el tiempo que tarde el procedimiento administrativo iniciado en contra del referido personal.
Los suspendidos son:
$1- José Neals André Nalda, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero.
$1- Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur.
$1- Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California.
$1- Martín Leopoldo Salcido García, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
De manera específica, se informó que la suspensión temporal de su cargo se emitió en contra de los siguientes juzgadores: José Neals André Nalda, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo.
En contra del magistrado Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, por probables irregularidades cometidas en la tramitación de diversos amparos en beneficio de empresas relacionadas con la importación de vehículos usados.
Estas conductas se habrían llevado a cabo cuando André Nalda y Serratos García se desempeñaron, sucesivamente, como titulares del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali.
La misma imputación la enfrentan los secretarios: Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, los cuales fungieron como secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, así como Martín Leopoldo Salcido García, otrora secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
El Poder Judicial federal explicó que la investigación administrativa contra los funcionarios "debió cumplir con los tiempos legales para robustecerla" por la complejidad que implicó revisar una importante cantidad de amparos y criterios emitidos en esos juicios, así como las actuaciones no sólo de los titulares antes mencionados, sino de los secretarios que también fueron suspendidos.
Se explicó que la investigación data del 2012, luego de que se recibieron diversas quejas presentadas contra los servidores públicos, "a quienes se les señaló de incurrir en presuntas irregularidades en la tramitación de juicios de amparo, en los que los quejosos eran empresas morales relacionadas con la importación de vehículos usados, entre otros", detalló el CJF.
En el caso de José Neals André Nalda, cuando fue titular del Juzgado Tercero de Distrito en Baja California, se le atribuye haber incurrido "en notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones y en la falta de profesionalismo propio de la función judicial, debido a que habría celebrado audiencias en siete juicios de amparo (786/2010, 529/2011, 518/2012, 519/2012, 596/2012, 599/2012 y 751/2012) sin que la totalidad de las autoridades señaladas como responsables estuvieran legal y debidamente notificadas", lo cual es una clara inobservancia de las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.