Se formalizó el acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinde asistencia técnica en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
En un comunicado, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron que las partes coincidieron que la formalización refleja el compromiso de concretar la asistencia técnica a la luz del acuerdo.
Asimismo, que complementarán los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dieron origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de dichos asuntos, destacó el gobierno de la República.
El acuerdo fue suscrito este martes por representantes del Estado mexicano, de los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por el organismo, familiares de los desaparecidos y miembros de la CIDH.
El gobierno federal destacó que con ello será posible poner en marcha el acuerdo de asistencia técnica a la brevedad, en el marco de la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre pasado.
La asistencia técnica prevé la incorporación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que llevará a cabo distintas acciones para la búsqueda de las personas desaparecidas, a las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como a brindar atención integral a las víctimas.
El gobierno federal reiteró su compromiso y responsabilidad de cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, así como asegurar la atención a las víctimas de los hechos que resultaron en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
El documento fue firmado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo; la subsecretaria para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón García.
Asimismo, la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la PGR; Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a nombre de los beneficiarios de las medidas cautelares; y, por parte de la CIDH, el comisionado James Cavallaro, relator para México, así como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo.