A casi dos meses de la muerte de seis personas en Iguala y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, las manifestaciones en el país, que cada vez crecen, se han visto empañadas por actos de violencia que han dado protagonismo a grupos radicales y evidenciado un vacío de autoridad, así como detenciones injustas.
Actos vandálicos como las quemas en Chilpancingo al palacio de gobierno de Guerrero, las instalaciones de la alcaldía de Iguala y la puerta principal del Palacio Nacional en la capital del país, así como de vehículos policiacos y particulares, han sido algunas de las acciones de protesta más agresivas y llamativas.
A decir de expertos en movimientos sociales, estos actos violentos, protagonizados por pequeños grupos, empiezan a incidir en la opinión pública y a dividir a la sociedad.
Señalan que impacta en términos de modificar la empatía generalizada que a todos consterna y en este momento eso no beneficia a la sociedad civil, que está intentado articular un movimiento sobre “qué podemos hacer frente a esta barbarie”.
Para los expertos, una de las preguntas que debe hacerse el país es a quién está sirviendo este tipo de acciones y por qué se está dejando que esto ocurra sin que nadie intervenga.
“La sensación generalizada es que hay distintas instancias que parece están siendo sospechosamente permisivas con todo este panorama”, apuntan.
Más aún, la inacción de las autoridades es atribuida a la cautela del PRD que gobierna en la Ciudad de México y que quedó muy mal parado en Guerrero, donde también era gobierno, sólo que el mandatario con permiso Ángel Aguirre dejó el cargo por la crisis.
En el caso de la capital del país, los brotes de violencia en las movilizaciones han sido protagonizados por grupos que se autodenominan anárquicos, mientras que detrás de los de Guerrero están los grupos radicales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
Dicha sección sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó en 2013 numerosos bloqueos carreteros y ataques a oficinas gubernamentales y sedes de partidos políticos, en protesta por la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La CNTE tiene fuerte presencia en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, estados con altos índices de pobreza y donde en las últimas semanas se han registrado acciones similares a las de 2013, pero esta vez para pedir justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
Los padres de los 43 normalistas se desvincularon esta semana de las acciones violentas de la CETEG, cuyos miembros se encuentran acampando en el zócalo de Chilpancingo desde la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre pasado.
Ante la situación que enfrenta el país, se percibe una muy estructurada capacidad de protestas violentas, que ante la inacción de las autoridades locales y federales está creando un ambiente de miedo y conflicto más intenso.
Por lo que, la percepción de que aplicar la ley, es sinónimo de represión, está llevando a una ruta de deterioro en la aplicación de las leyes y en la capacidad de las autoridades para gestionar el conflicto.
Entre los pasos a seguir, según las recomendaciones de los expertos, es necesario formalizar la protesta en una agenda de transformación para que no queden impunes los crímenes y se atiendan las causas de las cuales estos hechos lamentables son síntoma.
También, debe hacerse un llamado a los medios de comunicación para que sepan deslindar las responsabilidades de los actos violentos, porque siempre en medio de la agenda informativa son noticias muy llamativas ver autos incendiados, la puerta del Palacio Nacional incendiada, es como ver el país en llamas, pero son actos circunscritos a pequeños grupos y eso debe quedar claro, opinan.