Desde la tribuna del Senado de la República, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Layda Sansores, dijo que el escándalo de la llamada “Casa Blanca” “pintó” al presidente Enrique Peña Nieto “como inepto, cobarde, y corrupto”, lo que motivó a la bancada del Partido Revolucionario Institucional a abandonar la sesión, en un intento por romper el quórum.
Al inicio de su intervención, la legisladora señaló que “México vive una profunda crisis y que esto no es una algarada, no es una revuelta, no es un movimiento estudiantil, no es una rebelión, es una insurgencia ciudadana que ha llegado al hartazgo, al límite de su tolerancia. Se destapó con Tlatlaya, se detonó con Ayotzinapa y la ‘Casa Blanca’ arrojó el cerillo para que el ánimo popular se incendiara”.
Insistió en que “Peña Nieto es un inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema porque, en lugar de dar soluciones, se dedica a buscar culpables, cobarde por haber mandado a sus esposa a la jaula de los leones en vez de dar él la cara; cobarde porque se fue a refugiar al Campo Marte para lanzar sus amenazas cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de la generalada y cobarde porque mandó a reprimir a los ciudadanos pacíficos el 20 de noviembre”.
Sansores San Román continuó su discurso y arguyó un delito de conflicto de intereses en relación con el asunto: “Aunque digan que venden la casa, a eso se le llama conflicto de interés, corrupción, tráfico de influencias, soborno y el esquema financiero que usó es típico de lavado de dinero”.
Sobre las acciones policiacas para contener la violencia en las manifestaciones de protesta por parte del gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, la legisladora del PT, advirtió que son “estrategias fascistas” y que “sólo un presidente aterrorizado siembra terror”, tras señalar que “ya están anunciando con fanfarrias que habrá otro gran pacto”.
El discurso de Layda Sansores fue pronunciado durante la presentación de un punto de acuerdo suscrito por la propia senadora, para la creación de una comisión especial de investigación en torno al inmueble propiedad de la primera dama de la nación.
Piden al Ejecutivo transparencia
en su declaración patrimonial
La senadora Dolores Padierna presentó un punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, haga pública su declaración patrimonial y la de su cónyuge, Angélica Rivera Hurtado.
La declaración, agregó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática, debe precisar la situación del inmueble ubicado en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Además, solicitó que la Auditoría Superior de la Federación realice una investigación acerca de los contratos otorgados a Grupo Higa y sus filiales, así como a las demás empresas pertenecientes a Juan Armando Hinojosa Cantú, desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México a la fecha, con el fin de deslindar un posible tráfico de influencias y de corrupción y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
La propuesta también plantea que los gobiernos del Estado de México y el federal informen de manera detallada sobre contratos celebrados con Grupo Televisa, entre el 5 de septiembre de 2003 y el 1 de noviembre de 2014, y precisen los montos y objetos de los mismos.
Además, propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue los ingresos de la señora Angélica Rivera, a partir del ejercicio fiscal de 2007 y solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto de las indemnizaciones de que será objeto Grupo Higa, por la cancelación del proyecto de tren de alta velocidad México-Querétaro.
Dolores Padierna expresó que la “Casa Blanca”, mansión particular de la familia Peña Rivera, valuada en siete millones de dólares -86 millones de pesos- es la prueba de cómo el régimen concibe el servicio público.
Al presentar el punto de acuerdo, explicó que la señora Rivera ya tenía una propiedad colindante con la ahora conocida “Casa Blanca”, la cual le fue transferida por la empresa Televisa bajo un esquema de incentivos por su labor como actriz.
La transacción a favor de la hoy esposa del Presidente ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que celebró su matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México, puntualizó.
En ese sentido, aseguró que de ser cierto lo declarado por el vocero de la Presidencia, al señalar que la propiedad ha sido fruto del arduo trabajo de la primera dama, debiera verse reflejado en la declaración patrimonial del titular del Poder Ejecutivo Federal.
Además, la legisladora mencionó que desde que Enrique Peña llegó a la Presidencia ha beneficiado a Grupo Higa con diferentes contratos.
Advirtió que un Presidente que estableció como uno de sus principales actos de gobierno la lucha contra la corrupción, debe ser totalmente transparente en lo que se refiere a su patrimonio.
Finalmente, Dolores Padierna apuntó que México padece una crisis política y de legitimidad muy grande, producto de una errática dinámica económica del país, del descrédito e indignación que han generado los hechos de Iguala, en Guerrero y de Tlatlaya, en el Estado de México, de la corrupción y el tráfico de influencias que involucran directamente a Peña Nieto y su familia.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación.
Declaración patrimonial debe
publicitarse en versiones públicas
Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa para reformar el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y cuyo objetivo es que la información relativa a la situación patrimonial de servidores públicos de alto nivel deba publicitarse en versiones públicas.
La senadora del Partido Acción Nacional, Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de este grupo de senadores, subrayó que en México la clase política tiene que reaccionar, pues cuestionó sobre cuántos casos más de corrupción, de tráfico de influencias, de conflicto de interés o colusión con el crimen organizado de las autoridades, se tienen que ventilar para que se den los pasos necesarios para terminar de una vez con todas la impunidad.
Subrayó que el gran pendiente del gobierno y del Congreso es la reforma en materia de combate a la corrupción y otras medidas que abonen a este propósito, como es la obligación legal de que, salvaguardando los datos legales personales, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de alto nivel sean públicas.
Hizo énfasis en que la declaración patrimonial debería ser una herramienta de transparencia, para que los ciudadanos estén ciertos de que quienes ocupan cargos públicos, lo hacen siempre bajo criterios de ética pública.
Precisó que la información relativa a la situación patrimonial deberá publicitarse de manera completa en los términos dispuestos por esta ley e indicó que es imperativo que este instrumento cumpla su fin y deje de prestarse a la simulación.
Destacó que se debe impulsar que las declaraciones patrimoniales sean públicas y completas, útiles para el ciudadano y para las instituciones, una herramienta real en el combate contra la corrupción.
Comentó que el hecho de que los electores, los mandantes, no conozcan la situación de la declaración patrimonial de sus representantes, ni aún en caso de que acepten hacerlo público, y que no se conozcan los montos y mecanismos jurídicos por los cuales se adquirieron los diferentes bienes que integran el patrimonio, es incompatible con el sistema democrático abierto que México busca seguir.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.