A pesar que el Gobierno Federal nombró a Enrique Fernández Fassnacht, como director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), estudiantes en paro aún ponen trabas y pretextos para “no regresar a clases” durante los próximos días.
Desde las 15:00 horas de este martes, representantes de los quejosos y de las autoridades celebraron la séptima mesa de
diálogo con la finalidad de discutir el documento final que permitirá que casi 200 mil personas regresen a las aulas.
En el auditorio Alejo Peralta de la Unidad Académica Zacatenco, los integrantes de la Asamblea General Politécnica exigen que la nueva autoridad llame a elecciones para elegir democráticamente al titular de la casa; sin embargo, las autoridades no dijeron nada al respecto.
Los representantes del Gobierno Federal y la AGP acordaron los mecanismos para avanzar en la organización del Congreso General Politécnico, con lo que se allana el camino para una pronta solución.
Cabe recordar que, entre lo acordado, habrá una comisión integrada por el director general del IPN y la representación de la Asamblea General Politécnica quienes diriman las reglas que llevarían al Congreso General Politécnico.
Se acordó que en caso de que en el seno de dicha comisión haya diferencias en las posiciones para la realización del Congreso, será un tercero en discordia quien determinará cuál será la ruta a seguir. Ese tercero, se pactó, será determinado a través de referéndum, el cual se determinará por consenso.
Los acuerdos que estuvieron a discusión son:
El primero es garantizar que no habrá represalias, en primera instancia, mediante documentos respaldados por autoridades competentes y del IPN, secundado por la creación de la Defensoría de los Derechos Individuales y colectivos, para velar por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil y comunitaria, con autonomía en sus funciones respecto a las autoridades y órganos del Instituto para vigilar, denunciar y promover las sanciones, en caso de existir daños físico, sicológico, académico, moral, o de cualquier otra índole, que atente contra la integridad personal de los participantes en el movimiento.
En segundo lugar, la exigencia de desincorporación de las unidades de nivel medio superior del IPN al Sistema Nacional de Bachillerato y a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, en lo presente y en lo posterior.
En tercer lugar, que el titular del ejecutivo federal garantice, jurídicamente y por escrito, que no existe en el presente ni en lo posterior, injerencia del Tecnológico Nacional de México en las escuelas, centros de investigación y unidades académicas del IPN que vaya en contra de los principios fundacionales del propio Instituto.
Como quinto punto se habló sobre la función de vigilancia, la cual deberá recaer en un órgano interno dependiente del sector administrativo del IPN, con la única facultad de salvaguardar la integridad y garantizar la seguridad de la comunidad politécnica y patrimonio institucional.
También las autoridades exhibirán públicamente los archivos y documentos oficiales sobre las remuneraciones a los ex directores generales del Instituto y que el monto de éstas sea transparente en el destino y uso de los recursos, conforme a las necesidades que la comunidad politécnica estime convenientes.
Finalmente, se propuso que el ejecutivo federal aumente el presupuesto para educación, ciencia y tecnología.