El presidente Enrique Peña Nieto “se quedó corto” en las propuestas que presentó este jueves en materia de seguridad, dijo el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, y señaló que su partido sólo apoyará aquéllas donde coincidan y se vaya al fondo de los problemas.
“Esperábamos otra cosa del presidente de la República en el marco de la expectativa que generaron; se queda corto frente a lo que se requiere: una repuesta de Estado, y eso implica un rediseño completo de las instituciones de seguridad”, indicó.
En su opinión, más allá de su catálogo de buenas intenciones, dijo, el mandatario federal debió anunciar cambios en su gabinete, ya que, expuso, “hay secretarios que nada tienen que hacer” en sus funciones, y mencionó entre ellos a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, así como de la Procuraduría General de la República (PGR).
Alonso Raya reconoció, no obstante, que dentro de lo planteado hay reformas importantes, ya que son coincidentes con iniciativas presentadas en el Legislativo, como la que presentó para desvincular el salario mínimo como unidad para el cálculo de multas o créditos y la del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sostuvo que en estos casos, no se requería una nueva propuesta, sino el respaldo a las iniciativas existentes para que transiten de inmediato. “Las demás iniciativas que se plantean las revisaremos con detenimiento, con responsabilidad, pero no consideramos que sean las soluciones”, subrayó.
Cuestionado sobre la propuesta contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, Alonso Raya recalcó que esta medida debió extenderse al ámbito federal y que se plantee la revocación de mandato para este caso.
El dirigente de la bancada del PRD comentó que si en lo que resta del periodo ordinario el Congreso logra avalar los temas de anticorrupción, salario mínimo y salarios máximos, se daría un gran paso hacia adelante para preparar, en el siguiente periodo que inicia en febrero, el rediseño de las instituciones de seguridad.
Puntualizó, sin embargo, que todos los puntos expuestos por el gobierno federal serán inviables si antes no se presenta un informe “veraz, objetivo, creíble” y verificado por instituciones nacionales e internacionales, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, registrado en Iguala, Guerrero.
“Yo estoy convencido que en el asunto de Iguala no es ajeno (el ex gobernador de Guerrero, Rubén) Figueroa, el Ejército, y estamos exigiendo que la PGR rinda cuentas claras y objetivas de la investigación, caiga quien caiga, sin demagogia y sin manipulación”, expresó.
También aseveró que se debe realizarse antes una investigación sobre la revocación de la licitación del Tren México-Querétaro y los contratos con Grupo HIGA para deslindar eventuales conflictos de intereses y actos de corrupción.
“Éstas para nosotros son premisas fundamentales que el gobierno debe resolver para entrar al debate de posibles reformas”, afirmó.
Tardías e insuficientes
Por su lado, otros integrantes del PRD consideraron que las 10 acciones en materia de justicia que presentó el presidente Enrique Peña Nieto este jueves, son tardías e insuficientes e hicieron un llamado a que, en lugar de reformas legislativas, se proponga acabar con la impunidad en el país.
“Es un pronunciamiento absurdo, carente de acciones reales, contundentes, firmes oportunas, que nosotros podamos leer como la forma de recomponer las cosas con la sociedad”, dijo en rueda de prensa la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Señaló que las acciones anunciadas por el titular del Ejecutivo son tardías y aseveró que la situación del país en materia de inseguridad no se resolverá con reformas legislativas.
“Lamentamos mucho que la respuesta sea modificación a leyes, cuando la respuesta debería ser un cese al pacto de impunidad que hay en este país. Si no hay un cese al pacto de impunidad, toda reforma no tiene sentido”, opinó.
Indicó que su grupo estaría dispuesto a abordar las iniciativas que envíe el presidente de la República en los periodos extraordinarios necesarios, no obstante, aseveró que éstas propuestas no son la respuesta a la realidad que vive el país.
Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez Camacho, secretario de la Comisión del Distrito Federal, manifestó que el anuncio del titular del Ejecutivo “se trata de un acto mediático para contrarrestar la caída estrepitosa ante la opinión pública de su gestión como gobierno federal”.
Calificó a las propuestas como una “llamarada de petate”, y no una estrategia integral para combatir la situación de inseguridad e impunidad que prevalece en el país.
Socorro Ceseñas Chapa cuestionó, a su vez, que se propongan iniciativas de modificaciones legales para enfrentar el problema de la inseguridad y para impulsar económicamente al país, sin explicar cómo o con qué recursos se implementarán dichas leyes.
“Si pretende que garantizar la seguridad es con iniciativas, está totalmente equivocado”, afirmó.
Finalmente, el diputado Javier Orihuela García enfatizó que con sus planteamientos, el titular del Ejecutivo omitió presentar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, para dotar de mayores recursos a los municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Añadió que la propuesta de crear policías estatales únicas, que iniciarán en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas promueve la impunidad y el atropello a las comunidades, por lo que se pronunció por un mando único coordinado en los tres niveles de gobierno, que respete las facultades de las localidades para promover su seguridad.