La capacitación que actualmente se les da a los niños, niñas y adolescentes, para ingresar al crimen organizado, así como someterlos a la experimentación biomédica, son las dos nuevas modalidades que tiene ahora la trata de personas en nuestro país.
Al respecto, la diputada Leticia López Landero, presidenta de la comisión especial de lucha contra la trata de personas aclaró que este delito se no circunscribe con fines de explotación sexual, sino que sus variantes se extienden a la explotación laboral y al trabajo forzoso; a las labores domésticas y al matrimonio obligado; a adopciones ilegales, y a la mendicidad impuesta.
La trata de personas, entendida como la venta de seres humanos en sus diversas modalidades: explotación sexual y extracción de órganos, encuentra sus antecedentes históricos en prácticas ancestrales de sometimiento de la persona, reduciéndola a mercancía, a cosa con un valor de cambio, explicó.
Las víctimas sufren afectaciones a nivel físico, emocional y social. Las alteraciones en su salud van desde trastornos del sueño y la alimentación, enfermedades infecto-contagiosas y de transmisión sexual, hasta la muerte, ya sea como consecuencia de las golpizas recibidas, los feminicidios, homicidios y hasta el suicidio.
A nivel psicológico y emocional, añadió la diputada, las personas son sometidas a relaciones inequitativas de poder, donde son humilladas y vulneradas en su intimidad, libertad, autoconfianza y dignidad. Esta situación, las hace sentirse culpables y avergonzadas, lo que las lleva a sufrir en silencio y por periodos prolongados toda clase de vejaciones, sin acceso a la justicia o a la libertad.
La diputada precisó que existen diversos factores sociales que causan este delito, como la pobreza, falta de educación, derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y misoginia, entre otros.
La diputada López Landero subrayó que hoy se enfrenta una realidad lacerante en la trata de personas que posiciona a nuestro país como lugar de origen, tránsito y destino de víctimas, fundamentalmente de niñas, niños y mujeres, que son trasladados al interior del país o al extranjero, para ser sujetos de explotación sexual y laboral.
Consideró que en México es un delito que a lo largo de los últimos años ha alcanzado niveles desproporcionados. Por su ubicación geográfica y debido a la falta de redes sociales e institucionales de protección, a la cultura de la ilegalidad y la escasez de mecanismos para la participación ciudadana, y a la falta de atención y seguimiento de la autoridad, el país se ha vuelto territorio idóneo para que distintas redes de Trata a nivel internacional encuentren aquí un área de oportunidad.
Resaltó que la complejidad del fenómeno de la trata de personas deviene de su dificultad para tipificarla como delito específico en un mismo cuerpo normativo, de un mismo tipo penal e incluso de una misma materia jurídica, por lo que requiere de una respuesta interdisciplinaria y coordinada que involucre a diversas instancias de la sociedad.
Por todo lo anterior, la diputada estimó que es indispensable identificar acciones para combatir este delito, las cuales exigen un marco jurídico que otorgue asistencia, atención y protección a quienes lo padecen.
Por ello, dijo, la comisión impulsa medidas legislativas necesarias para armonizar la legislación federal y local con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y trata de personas, así como los programas, medidas y acciones para prevenir, atender, combatir y sancionar este delito, a través de la coordinación y relación con autoridades de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, académicos, sociedad civil e iniciativa privada.