Los líderes parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, se reunieron la tarde de este lunes para analizar el programa que aplicarán y con el que habrán de desahogar las propuestas presidenciales antes de concluir el actual periodo
ordinario del 15 de diciembre.
Los coordinadores confirmaron que las iniciativas fueron entregadas la tarde este lunes al Senado, y adelantaron que de no concluirse la discusión de dichas propuestas de Enrique Peña Nieto, ambas cámaras discutirán la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para discutir tanto el paquete de justicia y seguridad como el tema del salario mínimo.
Al término de la reunión, Silvano Aureoles, Emilio Gamboa y Jorge Luis Preciado ofrecieron una conferencia de prensa, en la que reafirmaron su disposición a construir los consensos, pero reconocieron que existen diferencias en asuntos relacionados con la posibilidad de disolver los ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado.
En su oportunidad, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, explicó que el Congreso de la Unión trabajará intensamente las próximas dos semanas para desahogar los asuntos pendientes y las iniciativas del ejecutivo federal en materia de seguridad y procuración de justicia.
“Hemos acordado trabajar intensamente estos 15 días que faltan del periodo ordinario, no importa si tenemos que hacerlo sábado y domingo, hay voluntad de poner los temas sobre la mesa con la mayor apertura posible para construir los acuerdos que se requieran”, explicó.
Aureoles Conejo detalló que en la reunión se dio prioridad a los temas más importantes y urgentes para el país, luego que el jueves pasado el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de iniciativas en materia de seguridad, justicia y desarrollo.
Detalló que la Cámara de Diputados está a la espera de que el ejecutivo remita un paquete de iniciativas en materia económica, entre ellas, la que busca desvincular el salario mínimo de las unidades de medida como multas y créditos, y agregó que fue informado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gambia Patrón (PRI), que la Cámara de Senadores recibió la tarde del lunes el paquete que aglutina las iniciativas de seguridad y procuración de justicia.
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, comentó que invitarán a la Cámara de Diputados a participar en las reuniones que se lleven a cabo para dictaminar las iniciativas que remitió el gobierno federal y, a su vez, enviarán a un grupo de senadores a conocer el paquete que se discutirá en San Lázaro.
Mientras que el coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Jorge Luis Preciado, dijo que además de las iniciativas presidenciales, el Congreso de la Unión revisará alrededor de 15 temas, entre ellos, los que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente, adelantó que el próximo lunes los coordinadores parlamentarios volverán a reunirse en la sede de Xicoténcatl para darle seguimiento a los acuerdo.
Iniciativa propone intervención
de la federación en los municipios
El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas encaminadas a establecer el Mando Único Policial Estatal y la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
De acuerdo con el decreto, se reforman el segundo párrafo de la fracción II, el inciso h de la fracción III, y la fracción Vil del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al Secretario de Gobernación, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta, soliciten la aprobación del Senado de la República para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio, en los términos que disponga la Ley Reglamentaria. En caso de asunción total de las funciones, la legislatura del Estado correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto en su Constitución. Si las Constituciones locales no prevén este supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria”.
“La seguridad de los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados por conducto de su corporación policial estatal. Los municipios deberán realizar las aportaciones a los estados, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función”.
Además, se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que: a) Determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública y se homologuen criterios y procedimientos en la materia.
b) Definan con libertad qué conductas deben ser tipificadas en dichas leyes generales y distribuyan en esos casos, las competencias para su investigación, persecución y sanción, de forma que el Constituyente delega en el Congreso de la Unión la facultad para determinar qué tipos penales serán materia de regulación en leyes generales y no como sucede hasta hoy, que es el Constituyente quien caso por caso lo determina. Por supuesto, toda conducta que no constituya un delito contra la Federación y aquellas conductas no previstas en leyes generales, serán materia de regulación por parte de las legislaturas locales.
c) Distribuyan competencias en materia penal para la investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia de su fuero, incluyendo como mínimo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación en estas materias. Es decir, lo que se pretende es modificar el esquema de coordinación para generar uno cooperativo en donde, bajo reglas definidas pero también flexibles, de forma que las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales, evitando la rigidez actual del sistema de competencias penales que se reduce a permitir en determinados delitos establecidos en leyes generales, la distribución en materias concurrentes y la conexidad entre delitos federales y locales. Lo que se pretende es generar nuevos esquemas de cooperación, no sólo de coordinación, que pueden comprender múltiples supuestos que se adecúen de mejor manera a las necesidades sociales.
En el régimen transitorio, el presidente de la República precisa que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los 30 días siguientes de la entrada en vigor de las leyes que deriven de estas reformas constitucional, emitirán el modelo para que los estados presenten una propuesta de plan estratégica de transición para que las policías municipales estén a cargo del gobierno del estado.
Aclara que dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma constitucional, el secretariado ejecutivo “emitirá el modelo con base en el cual los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas deberán, dentro de los 90 días posteriores a la emisión de dicho modelo, presentar una propuesta inicial de plan estratégico de transición”.