Para vigilar el proceso de licitación del tren México-Querétaro, y evitar que se repitan actos de corrupción, la Cámara de Diputados aprobó crear la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión de fallo y su cancelación para la construcción de este importante medio de transporte.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avalado en votación económica, menciona que la comisión quedará integrada con ocho miembros designados por los grupos parlamentarios, a través de sus coordinadores, conforme a la siguiente representación: dos del PRI, así como uno, respectivamente, del PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza.
El acuerdo notifica que para el cumplimiento de sus tareas, esta comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción.
Dicha comisión adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse, se recurrirá al sistema de voto ponderado de sus integrantes. Además, presentará su informe de resultados a más tardar el 31 de marzo de 2015 y cumplido este plazo se extinguirá.
Al fundamentar su posición, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que este acuerdo es insuficiente, porque no va al fondo del problema de la corrupción presidencial. “Se tienen que revisar todos los contratos de HIGA y de Juna Armando Hinojosa; no solamente la fallida operación por casi 51 mil millones de pesos del tren México-Querétaro sino también el gasoducto Monterrey 6, por 47 mil millones de pesos, el hangar presidencial de mil millones de pesos y demás contratos”.
A su vez, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara del PT, argumentó que “es un error de cálculo político el querer cerrar una comisión especial para revisar los procesos de licitación a tres meses y con control del PRI. Esta comisión no es más que una tapadera a todo el bandidaje, a toda la corrupción”.
Marcos Aguilar Vega, diputado del PAN, resaltó que se necesita conocer la documentación que involucra los actos que han dado pie a una cancelación que nos llevaría a un escenario de indemnización cercano a los 600 millones de pesos que tendría obligación de pagar el pueblo de México, a través del Poder Ejecutivo federal y que hoy no está registrada en el sistema electrónico del portal del propio gobierno, como la ley lo establece.
La diputada Cristina González Cruz (PRI) expuso que es de reconocerse la sensibilidad y disposición del Ejecutivo federal para lograr que el proceso de licitación sea bien recibido por parte de la sociedad y del Congreso de la Unión, pero también, dijo, es necesario reconocer que el procedimiento que quedó sin efecto siempre estuvo en tiempo, de acuerdo con los calendarios previstos en las bases de los procesos y apegados a los términos legales.