El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, advirtió que si el gobierno no combate la corrupción y la impunidad, se corre el riesgo de que las empresas extranjeras que pretendan participar en la licitación para la construcción del tren México-Querétaro podrían abstenerse, con lo cual se perderían fuertes
cantidades capital.
En entrevista con El Punto Crítico, que conduce el titular Eduardo Ramos Fusther, en el cuadrante 1470 AM de Radio Fórmula, el legislador alertó que si el gobierno no aplica medidas más drásticas para combatir “estos dos cáncer de la sociedad”, las empresas de renombre perderán el interés de participar en nuestro país.
Argumentó que por estos antecedentes, empresas de renombre ya no quieren participar más en nuestro país: “por eso no se tiene lo que se esperaba en inversión en materia de energética, porque se perdió la imagen de nuestro país, porque la corrupción y la impunidad, son los signos del gobierno, que generaba una expectativa de crecimiento. Ahora lo que tiene es eso, la calificación de corrupto impune en materia de seguridad pública y de justica”.
Por tal motivo, comentó que los diputados realizarán todo lo que está en sus manos, para que las próximas licitaciones que se realicen, no solo del tren México- Querétaro, sino en todo los sectores, se realicen con la mayor transparencia posible,
Se refirió con ello a la conformación que este martes se aprobó de la nueva Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión de fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro, la que dijo tiene precisamente el objetivo de investigar los conflictos de intereses que se han dado hasta el momento con la empresa Higa
Adelantó que dicha comisión se encargará además de hacer una investigación y entregar un informe a más tardar el próximo 31 de marzo, fecha en que habrán de notificar cuáles fueron las razones de la licitación y el motivo del por qué se revocó, así como la participación que tuvo la empresa Higa y su vínculo con la “Casa Blanca”.
“Indudablemente en la licitación que le fue entregada a la empresa Higa, indudablemente que se dio un conflicto de intereses, los cuales, a su vez, forman parte de una especie de complicidades”, añadió.
Alonso Raya, comentó que precisamente esa será la tarea de la comisión, y que dentro de las estrategias que habrá de seguir destaca el mandar a llamar comparecer al propio titular de la Secretará de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, así como empresarios y funcionarios que participaron directamente en esta licitación.
EL PROBLEMA SE LLAMA CORRUPCIÓN
El diputado perredista, se refirió a la participación de la empresa Higa de Juan Armando Hinojosa, en la licitación del tren México-Querétaro, de la que dijo evidentemente es un “caso más de corrupción”.
Comentó que hechos como este no debieron acontecer, porque en su momento debió intervenir la Función Pública la cual no tomó ninguna determinación, acción o medida, para evitar este conflicto de intereses.
“Donde están los órganos encargados en todo caso para ayudar a combatir este tipo de prácticas para que no suceden, porque tenemos por años y años cuando no es una cosa es otra”, afirmó el legislador.
En este sentido, recordó que cuando fungió como presidente de la Comisión Investigadora de Conasupo en la 57 legislatura. “La conclusión a la que en aquél entonces llegamos, quienes éramos parte o formábamos parte de esa comisión, es que salía más barato hacer fraude, salía más barato robar, y robar al erario público”.
Lo anterior, dijo, porque en ese entonces ya “había mil 500 órdenes de aprensión sin ejecutar, producto del funcionamiento que tenía Conasupo. Y había evidentemente una cantidad de funcionarios involucrados, y se daba todo eso porque era más fácil tomar lo ajeno”.
En este sentido, citó el caso del ex tesorero de Nuevo León, de la pasada administración, el cual, dijo, extrajo 36 millones de pesos, y los metió a una inversora que después quebró, le dieron cinco años de inhabilitación, las cuales le reducen a tres años por una demanda que antepone.
Estas pérdidas, explicó, las recuperará el municipio hasta el 2018, y “por lo pronto, el ex tesorero, ya gano en tres años de inhabilitación, pues ya salió adelante con lo que ganó, ya no tiene ningún problema”.
Insistió, por ello, que de no aplicarse sanciones drásticas, a todo servidor público que pretenda tomar dinero de los recursos públicos, que finalmente, “son propiedad de la gente, del pueblo, y si no establecemos sanciones severas, incluso la extensión de dominio de cualquier servidor público, que le meta las manos a los recursos que son propiedad de la nación. No vamos a poder terminar con este cáncer”.