Las personas que cometan el delito de trata de personas, se les impondrá una pena de 10 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa. Estas sanciones se aplicarán también a un tercero que consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.
Asimismo, serán castigados quien explote a una persona ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra.
Se impondrá la misma pena a quien tenga o mantenga a una persona en condición de servidumbre, a través de cualquier acción dolosa, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, abuso de poder, entre otras.
También se sancionará con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, a quien explote la prostitución ajena, a través de cualquier acción dolosa. Además, de 10 a 25 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa, a quien explote a una persona para realizar actos de mendicidad forzosa.
Lo anterior, quedó establecida en la reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, a fin de dar una máxima protección a quienes son víctimas de este delito, que fue aprobada en la sesión de esta martes en la Cámara de Diputado, la cual fue aprobada en lo general y en lo particular.
El dictamen a la minuta, devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, sustituye la denominación de dicha norma por la de Ley General en materia de Trata de Personas.
Una de cada tres
víctimas es menor
Al fundamentar el dictamen, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que se modificaron diversos artículos de la minuta enviada por el Senado de la República, ya que se estimó que esto permitirá dotar al Estado de mejores instrumentos para prevenir, combatir y sancionar estos crímenes contra la humanidad.
Resaltó que una de cada tres víctimas de trata de personas en el mundo es menor de edad. En términos cuantitativos, se estima que este delito genera ingresos anuales por más de 32 mil millones de dólares.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), 27 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito. Además, se calcula que de 2 a 4 millones de personas son captadas anualmente para estos fines, de las cuales entre 800 y 900 mil son trasladadas a través de las fronteras para ser sometidas a algún tipo de explotación.
La trata de personas, dijo, “es un problema que lacera y lastima a cada país en el mundo, y México, infortunadamente, es uno de aquellos en los que con mayor crudeza y crueldad se padece”.
Por su parte, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) comentó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, en 2012, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55 por ciento eran mujeres y niñas.
Agregó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en nuestro país. Por ello, dijo, las reformas serán una legislación vigorosa que posibilitará a las autoridades de procuración e impartición de justicia contar con un marco jurídico eficaz en aras de castigar a quienes cometen esta terrible conducta delictiva.
A su vez, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) precisó que la trata de personas es la captación, traslado, entrega o recepción de una persona con fines de explotación, no solamente sexual sino también laboral e inclusive para el tráfico de órganos. Advirtió que en México existen 363 municipios en condiciones de alta vulnerabilidad para la trata de personas y las entidades con mayor riesgo son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala.
Enfatizó que con estas reformas se establecen las bases para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se señalan los tipos penales en materia de trata; amplía la competencia de la Federación para perseguir el delito y, sobre todo, prevé la obligación de establecer fondos para la protección y asistencia de las víctimas.
El diputado Francisco Coronato Rodríguez (MC) resaltó que el tráfico de personas a nivel mundial es el tercer negocio más lucrativo después del comercio de armas y de drogas. De acuerdo con el INEGI, el 45 por ciento de las personas que son víctimas del delito de trata son indígenas.
Por el PVEM, el legislador Antonio Cuéllar Steffan indicó que entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de este delito, sólo 35 fueron condenados, lo que significa que las acusaciones no se entablaron de manera correcta o que quienes pudieron haber sido procesados aludieron a la defensa de sus derechos a la exacta aplicación de la Ley Penal para ser exonerados del delito.
Del PRD, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem sostuvo que el mayor problema de la actual legislación es la falta de aplicación de la ley contra los actos de trata. “No es sólo la indiferencia de las autoridades, sino la complicidad de muchos servidores públicos en un negocio que genera enormes ganancias”.
En tanto, la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) mencionó que con las reformas se castigará con pena de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa a quien consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación. Con ello, dijo, “le estamos dando al Ministerio Público todos los instrumentos para que a este delito le piensen dos veces antes de cometerlo”.
En la discusión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que en México hay entre 16 mil y 20 mil niñas y niños que son esclavos sexuales y es un país de origen, tránsito y destino de víctimas para la trata de personas. Además, detrás de esta operación criminal hay todo un sistema ilícito de ganancias generadas, que ascienden a cerca de 36 mil millones de dólares, superado sólo por el narcotráfico y el tráfico de armas.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) mencionó que México es el segundo país que provee más víctimas de trata a Estados Unidos, superado solamente por Tailandia, siendo las víctimas más vulnerables los niños y las mujeres, y la mayoría provienen de contextos de vulnerabilidad como pobreza, orfandad, desigualdad social y situaciones de violencia.
Ricardo Monreal Ávila, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó que a pesar de que en México se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, esta no ha funcionado. Añadió que el país está padeciendo este fenómeno internacional, pues lo vemos desde la frontera sur hasta la norte, y en áreas con una urbanización importante como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y Nuevo León.