En la Procuraduría General de la República (PGR) se registran movimientos en áreas estratégicos, presuntamente enfilados a preparar la salida de su titula Jesús Murillo Karam.
Fuentes extra oficiales, revelaron a El Punto Crítico que en algunas Direcciones de la PGR gente proveniente del estado de
México, ya inició operaciones hacia la inminente transición.
Incluso, señalaron que es parte de la avanzada del equipo del que será el nuevo Procurador, Alfredo Castillo Cervantes, que en la actualidad encabeza la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán.
El relevo del titular de la PGR todavía es una atribución del presidente Enrique Peña, quien al parecer ya tomó esa decisión, debido a que Murillo Karam no convence a la sociedad y la opinión pública con los resultados de su investigación sobre la desaparición y presunta ejecución de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos del crimen organizado.
Por el contrario, dicen los analistas, el Procurador General de la República ha otorgado lema a la protesta ciudadana, con su frase pública de “Ya me cansé”.
Autonomía a la PGR
a partir del 2018
El pasado 23 de septiembre, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto con la ley secundaria para la nueva Fiscalía General de la República, el órgano que deberá suplir a la actual Procuraduría General de la República (PGR).
El cambio de la PGR por la Fiscalía General es uno de los principales puntos de la reforma a la Constitución en materia político-electoral promulgada el pasado 10 de febrero.
La sustitución implica que el nuevo organismo tenga autonomía constitucional, cuando actualmente la PGR es parte del gobierno federal.
También conlleva otro método para elegir al titular de la institución, pues hasta ahora el procurador es propuesto por el presidente y ratificado por el Senado, y la modificación establece que el Senado escoja al menos 10 candidatos, de los cuales el Ejecutivo defina una terna, y de ésta, a su vez, los senadores seleccionen al fiscal.
El cambio a la Fiscalía General se dará después de que se apruebe y entre en vigor su ley secundaria. Según las negociaciones entre los partidos en torno a la reforma político-electoral, se prevé que esto ocurra hasta 2018 —cuando termine el mandato de Enrique Peña Nieto—, pero legalmente podría suceder antes.
La Constitución señala que el fiscal general durará en el cargo nueve años y podrá ser removido por el presidente por "causas graves".
La iniciativa de Peña Nieto plantea que esos motivos sean que el funcionario haya perdido la nacionalidad mexicana, tenga "incapacidad total o permanente" para ejercer el cargo por más de seis meses o cometa "violaciones graves" a la Carta Magna.
En su propuesta, el presidente también busca que la Fiscalía General defina su número de vicefiscalías en su reglamento interno. Estos organismos se sumarían a sus fiscalías especializadas en delitos electorales y en combate a la corrupción.
La iniciativa presidencial, por otra parte, define las facultades de la Fiscalía General, entre las que incluye investigar delitos federales; solicitar a los jueces órdenes de aprehensión o de intervención de comunicaciones; emitir órdenes de búsqueda y localización de personas extraviadas, y promover el uso de mecanismos alternativos para resolver controversias.
Además, se plantea que el fiscal general participe en la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, evalúe la conveniencia de crear programas de recompensas, entregue al Congreso un informe anual de labores y comparezca ante las cámaras cada que sea citado.