Restringe nueva ley de Movilidad al libre tránsito y el derecho humano

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Ante la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Universal de Movilidad, la senadora Lorena Cuéllar, advirtió que los ciudadanos no necesitamos una reglamentación restrictiva al libre tránsito y al derecho humano.

En entrevista con Eduardo Ramos Fusther, conductor y director de El Punto Crítico, que se transmite por Radio Fórmula en el

1470 de AM, la legisladora del PRD denunció que con las modificaciones a los artículos 73 y 11 constitucionales, el PRI, el PAN y el PVEM “nos prohíben y nos acotan prácticamente el derecho al libre tránsito, es decir, a las marchas, a las manifestaciones, a que nosotros podamos asistir a lugares o espacios a donde las personas podríamos realizar cualquier tipo de movilización”, señaló.

 “Es una mentira, es totalmente falso decir que esto no va a perjudicar a la libre expresión de los ciudadanos, pues es muy claro que de aprobarse las reformas al artículo 73 permitiría que el Congreso de la Unión tuviera todas las facultades para que se retrocediera terriblemente, sobre todo violando los derechos humanos”, dijo la senadora por Tlaxcala.

Asimismo, especificó que en el artículo 11 está claramente definido donde nosotros tendríamos un retroceso terrible, que van a ser que se trate de privar lo que hasta este momento hemos logrado.

Sobre todo, dijo, me preocupa mucho el control, el autoritarismo, para que haya esta libre posibilidad de que la gente pueda marchar libremente.

La legisladora del PRD, admitió estar consciente de que ningún mexicano desea que haya abusos, pinta de bardas y todas esas manifestaciones que algunas personas llegan a hacer.

 “Estamos totalmente en contra de ese tipo de manifestaciones, lo reprobamos pero no podemos estar sobre la ley sobre lo que faculta la ley, y la ley es muy clara y nos da todas las facultades y se está reformando los artículos 11 y 73 constitucional que vulnera prácticamente la protección de nuestras garantías individuales y derechos humanos.

La alerta de Lorena Cuéllar, contrasta con la aclaración que hizo en un anterior programa de El Punto Crítico el diputado federal del PAN, Juan Pablo Adame, quien afirmó que el impulso de la ley es la movilidad de los ciudadanos, dándole principal importancia al ciudadano de a pie más que al del automóvil y lo que busca de la ley es impulsar el reordenamiento y las disposiciones necesarias para tener las políticas publicas que permitan dar un servicio de movilidad más adecuado a los ciudadanos.

Tras la reforma, el artículo 11 constitucional señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes y se le agregó que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

Sin embargo, se precisa que el ejercicio de estos derechos estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general.

En tanto, el artículo 73 indica que el Congreso está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los estados y municipios en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución.

La reforma en cuestión quedó aprobada en momentos en que en varias ciudades del país, en especial en el Distrito Federal y en el estado de Guerrero, se realizan numerosas manifestaciones en protesta por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre, así como en contra del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Algunas de estas marchas han registrado hechos de violencia en los que ha habido enfrentamientos con policías y daños a comercios, que a su vez han derivado en arrestos y acusaciones sobre detenciones arbitrarias de parte de las fuerzas de seguridad.

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