Para frenar las extorciones desde los penales y evitar que estos delitos pongan en riesgo a la población, la Cámara de Diputados aprobó iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para bloquear la señal de los teléfonos celulares de estos centros de rehabilitación.
El reporte deberán entregarlo a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la cual está integrada por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la federación, los estados y el Distrito Federal.
Cabe recordar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), durante el año 2012 se cometieron cinco millones 994 mil 34 extorsiones.
Por tal motivo, la iniciativa pretende garantizar el bloqueo de las señales para el uso de teléfono celular, como figura en las modificaciones aprobadas en abril de 2012 a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Esta medida tiene el propósito de contener y evitar la extorsión telefónica o que los delincuentes se comuniquen con sus cómplices que se encuentran fuera de la prisión, sostuvo el diputado que propuso la iniciativa, Guillermo Anaya Llamas (Partido Acción Nacional).
La reforma aprobada también determina que las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, deberán entregar a la conferencia, semestralmente, un informe sobre la operación de los equipos.
En caso de incumplir con esta obligación, la conferencia dará vista a la autoridad competente, según sea el caso.