La liberación de dos mujeres sobrevivientes de la masacre de Cuadrilla Nueva, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, que estaban recluidas en el penal federal de Tepic, Nayarit, por parte de un juzgado federal, a petición de la Procuraduría General de la República, constituye una decisión importante para evitar que continúen los atropellos a la ley en que diversas
autoridades incurrieron después de los hechos.
Así lo consideró la diputada Elena Tapia, dijo que el equipo que sigue este caso elaboró la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde consideró que ambas mujeres fueron víctimas de tortura por parte de elementos de la Procuraduría General del Estado de México, y que su presencia con el grupo de personas que fue asesinado por elementos del 102 Batallón de Infantería obedecía a motivos distintos a las de la presunta organización criminal.
La coordinadora del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, aclaró que la recomendación ilustra la compleja tarea de elaborar un relato fidedigno, pues se advierten versiones contradictorias en las declaraciones y testimonios de las sobrevivientes, lo que suele ser común en casos de extrema violencia.
Más aún, dijo, cuando se presentan amenazas, torturas y tratos crueles por parte de las autoridades. Por ello, se deben garantizar condiciones de respeto a los derechos de estas dos mujeres, a fin de que puedan colaborar en el esclarecimiento de los hechos sin que medie presión alguna.
“Es necesario que se detenga la revictimización que han generado diversos actos y omisiones posteriores a las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya. Se debe respetar sin ninguna excusa la presunción de inocencia y proceder con la reparación integral que corresponda a estas dos sobrevivientes, como tantos otros casos de personas que han estado recluidas sin razón, quienes pagan con su libertad por la ineficacia de las autoridades encargadas de investigar hechos delictivos”, concluyó.