Ante diputados de diversos partidos que lo cuestionaron en torno a los métodos empleados para garantizar transparencia y legalidad en el proceso, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la decisión de cancelar la licitación del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro se debió a “un ambiente poco favorable hacia
una obra que, por su importancia, es indispensable que cuente con el apoyo de todos los sectores” del país.
En este sentido, informó que la dependencia a su cargo continuará actuando con legalidad, transparencia y honestidad para ejercer con eficiencia y pulcritud los recursos públicos de todos los mexicanos.
El funcionario se reunió con los integrantes de la Comisión Especial para Revisar el Proceso de Licitación, Emisión del Fallo y su Cancelación, para la Construcción del Tren México- Querétaro, con el objetivo de resolver las dudas que en recientes fechas han manifestado diversos legisladores federales respecto al caso.
“Dada la trascendencia y dimensión del proyecto era indispensable contar con el apoyo firme del Congreso y de la sociedad, así como de los actores institucionales y la autorización presupuestal”, explicó.
Resaltó que resultaba imperativo promover las condiciones para que este “gran proyecto” de conectividad y movilidad ciudadana se desarrollara con plena aceptación popular y libre de obstáculos, a fin de capitalizar los beneficios sociales y económicos.
“Ello solo podía lograrse mediante una nueva licitación que disipara los cuestionamientos manifestados, los cuales habían permeado a la opinión pública; que dieran certeza y seguridad al desarrollo del proyecto y que salvaguardara la relación con la República Popular de China”, dijo Ruiz Esparza ante la instancia legislativa que preside el perredista Luis Espinosa Cházaro.
Durante su comparecencia ante diputados, el secretario estuvo acompañado por Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transportes, y Pablo Suárez Coello, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal.
Señaló que a fin de poder realizar una nueva licitación, se analizaron las disposiciones legales aplicables en relación con los artículos 40 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos.
Estas disposiciones permiten a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cancelar el proceso o declinar firmar el contrato derivado de la misma, mencionó.
“Por lo anterior, a fin de asegurar que el país pueda contar con un tren de alta velocidad, y por ser el escenario de menor afectación, decidí solicitar al Presidente de la República autorización para reponer el proceso y otorgar un plazo más amplio para presentar ofertas”, dijo en su exposición ante diputados.