La reforma a la ley contra la trata de personas, aprobada de manera unánime por el pleno del Senado en febrero pasado, fue producto de un trabajo responsable, sólido y profesional que permitió incorporar medidas contundentes para prevenir y sancionar este flagelo social, afirmó a El Punto Crítico la senadora Adriana Dávila Fernández.
La legisladora del PAN manifestó que el dictamen avalado no se derivó de un análisis hecho al vapor y mucho menos a la carrera, sino de 493 días de trabajo comprometido con las víctimas y los afectados.
“Las reformas que se plantearon están vinculadas a las observaciones, inquietudes y demandas de las víctimas, afectados y ofendidos, y estuvimos ciertos de que esos cambios reflejarían mejoras palpables en la impartición de justicia y en el combate a la impunidad”, consideró.
Analizamos a fondo este problema, para contar con elementos sólidos y con ello prevenir el delito, fortalecer el carácter punitivo de la ley y atender la demanda más sensible para las víctimas, afectados y ofendidos, que es combatir la impunidad, subrayó la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas.
Agregó que durante el proceso de dictaminación se sostuvieron encuentros con autoridades encargadas de la procuración de justicia, de la atención a víctimas y de representantes de los poderes judiciales, además de especialistas, expertos, organizaciones civiles, académicos, víctimas y afectados por este delito.
Incluso, se instaló una Conferencia Nacional de Legisladores Locales con la participación de 24 entidades federativas para coordinar esfuerzos entre la Federación y los estados, en el ámbito legislativo.
Dávila Fernández enfatizó que el eje rector en todo este proceso, de principio a fin, fue el perfeccionamiento del marco jurídico actual, así como privilegiar acciones y propuestas normativas que garantizaran la certeza jurídica y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas, principios que, acotó, se procuró salvaguardar en todo momento.
Señaló que la Comisión revisó el marco jurídico e identificó y propuso 60 correcciones a lagunas en su contenido, artículos duplicados, ambigüedades, deficiencias en su redacción e imprecisiones en el tipo penal y, en particular, para armonizar lo que la ley establece con los instrumentos nacionales e internacionales sobre la materia, así como con otros ordenamientos jurídicos.
Dijo que se tomaron en cuenta las recomendaciones de la ONU reflejadas en la Ley modelo contra la trata de personas, así como los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, los cuales contemplan disposiciones encaminadas a prevenir y combatir la trata de personas en todos los países afectados, con lo que es posible establecer criterios mínimos que deben ser retomados por cada gobierno.
En el dictamen, apuntó, se fijaron pautas específicas para prevenir y enfrentar la trata de personas en México y así evitar duplicidad de conceptos en las leyes generales, puesto que existen consideraciones que ya están establecidas de forma amplia y generosa en otros ordenamientos, por estar específicamente diseñadas para tales efectos, como lo es la Ley General de Víctimas.
Hizo notar que en todo momento el espíritu del dictamen salvaguardó la libertad de cada persona, su libre desarrollo, el respeto a la dignidad humana, la impartición de justicia y el combate a la impunidad.
Las legisladora por Tlaxcala aclaró que en el proceso legislativo no hubo espacio para la mezquindad por parte del Senado de la República, ya que todo aquel que tuvo deseos de involucrarse para abonar en la modificación de la estructura jurídica fue escuchado en un ambiente de respeto, tolerancia, pluralidad, transparencia y de manera pública.
“Creo en que sólo la suma de esfuerzos legislativos fructificará en acciones concretas para prevenir, combatir, sancionar y erradicar este terrible delito; nuestro deber es proporcionar seguridad legal a las víctimas con ordenamientos claros y específicos; el reto es abatir la impunidad, sólo así se puede avanzar en la dirección correcta”, señaló.
No debemos olvidar, continuó, que la responsabilidad de los legisladores es, entre otras, revisar y perfeccionar los instrumentos jurídicos para disminuir los riesgos de impunidad, por todo aquello que no contempla la ley de forma explícita y que está sujeto a interpretación.
“Por eso es que el dictamen incluía conceptos específicos para proteger a las víctimas de manera integral: física, psicológica y legalmente. Ciertamente, no hay ley perfecta, toda norma es perfectible, sujeta a la actualización, según las circunstancias del momento, pero quiero enfatizar que el dictamen que realizó el Senado y que envió a la Cámara de Diputados fue, ante todo, muy responsable y en beneficio de las víctimas de trata”, concluyó Dávila Fernández.