Mal generalizado tortura y violencia contra mujeres

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A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México que elabore protocolos y procedimientos sensibles al género para investigar la violencia sexual. Esto no se ha llevado a cabo y los casos de tortura y violencia sexual contra mujeres, porque las autoridades del país ni siquiera las registran como delitos y mucho menos las investigan de una manera efectiva.

La tortura a las mujeres es un “mal generalizado” en México, que ningún estado del país tiene registrado como delitos a perseguir. Sólo en el Distrito Federal (DF) se tienen registradas 367 denuncias de tortura en contra de mujeres entre 2005 y 2012, porque los estados que registran mayor violencia contra el género femenino como el Estado de México (Edomex) no cuenta con una sola, porque no desglosa este tipo de información.

De acuerdo a reportes recientes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), hasta esta 2014 se solicitó información sobre las denuncias de mujeres en torno a la tortura a todas las procuradurías de los estados y a las comisiones de derechos humanos y varios contestaron que no cuentan con una sola denuncia.

Campeche, Durango, Hidalgo, Jalisco y Nuevo León contestaron que no cuentan con denuncias de mujeres alrededor de la tortura. El Estado de México informó que no desglosa las denuncias en torno al género.

En cuanto al DF, de acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre 2005 y 2012 se presentaron 367 denuncias, pese a que los datos no están desglosados por tortura sexual, la mayor parte de la tortura contra de la mujer tiene que ver con su sexualidad y con su género.

Sobre los casos denunciados, que en los estados que sí registran datos sobre tortura, no existen sentencias. La regla es la impunidad absoluta, porque el MP (Ministerio Público) a veces ni siquiera registra la denuncia como tortura. Hay menos casos consignados, no están llegando los casos a los juzgados y si llegan, no hay sentencias”,

En total hay sólo dos sentencias de tortura a nivel federal por tortura en contra de las mujeres. A nivel estatal hay menos de diez. En el DF hay cinco.

En su momento, Natalia Pérez, de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, declaró que la impunidad en los casos de tortura en contra de la mujer es generaliza, debido a que las sentencias son mínimas y no hay castigo para los agresores.

“La impunidad es al 100 por ciento en los casos de tortura. Como prueba de esto es la actitud complaciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la autoridad, así como la inactividad de la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar a los responsables o en su defecto llevar a cabo prácticas revictimizantes en el curso de una lenta y deficiente averiguación previa”, dijo la especialista.

Aclaró que aunque el feminicidio y la tortura sexual son los dos tipos extremos de violencia en contra de la mujer, existen otros que también afectan a las mujeres mexicanas, como La Trata y la violencia laboral.

MEXICO, DESCRIMINACION ARRAIGADA

En México, como en muchos países, existe una discriminación de género arraigada. Las mujeres y niñas son sometidas a menudo a discriminación, exclusión y abusos de poder. Para comprender realmente la violencia de género en la práctica de la tortura y otros malos tratos y combatirla, hay que reconocer la dinámica del poder y la cultura patriarcal de control del cuerpo de la mujer.

Las mujeres son especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia, y sin embargo las detenidas son recluidas en bases militares e instalaciones policiales a cargo de agentes varones sin que existan medidas efectivas que garanticen su seguridad física frente a los ataques y las humillaciones de carácter sexual.

El trauma infligido a estas mujeres, combinado con la falta de acceso a una atención médica inmediata, imparcial y sensible al género, hace muy difícil que denuncien. El impacto psicológico de estas torturas suele verse exacerbado cuando exigir justicia como víctimas requiere a menudo ser sometidas a reiterados exámenes médicos durante varios años.

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